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Economía

Los despedidos podrán ampliar el periodo de cálculo de la pensión más allá de los 25 años

Los trabajadores despedidos podrán ampliar el periodo de cálculo de sus pensiones más allá de los 25 últimos años de su carrera de cotización durante el periodo transitorio de elevación "progresiva" que se acometerá desde 2013 hasta 2022. Sin embargo, el texto no especifica cuánto podrán ampliar dicho periodo.
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Trabajadores

Según consta en el acuerdo social y económico que Gobierno, sindicatos y empresarios han cerrado definitivamente, remitido por el Ministerio de Trabajo e Inmigración, el incremento del periodo de cómputo, que pasará de los últimos 15 años a los 25 años últimos a razón de un año desde su aplicación.

Con esta modificación, las partes persiguen "evitar perjuicios" por la reducción de sus bases de cotización al final de su vida laboral. Así, las lagunas de cotización serán completadas con las correspondientes a los primeros 24 meses con la base mínima de

cotización y las que excedan de 24 meses con el 50% de la misma.

Adicionalmente, el documento abre la puerta a que la Seguridad Social arbitre fórmulas que reconozcan los periodos cotizados de los 24 meses anteriores al de cómputo para el relleno de lagunas de cotización, "en los términos y con las condiciones que reglamentariamente se determinen".

El acuerdo sobre pensiones confirma que el derecho legal a la jubilación se situará en un "intervalo" entre 63 y 67 años, al elevar la jubilación anticipada y voluntaria de los 61 a los 63 años y la edad legal del retiro de los 65 a los 67 años.

Esta edad mínima se podrá reducir hasta los 61 años si viene dado por situaciones de crisis, siempre y cuando el trabajador cuente con una carrera de cotización de 33 años, para lo que se aplicará un coeficiente reductor del 7,5%.

Sin embargo, las nuevas condiciones se mantendrá sólo a todos los "afectados constatables" antes de la publicación de la nueva norma en el BOE, como persona con relación laboral suspendida o extinguida.

Creación de fondo austríaco

El Gobierno se ha comprometido con los agentes sociales a aprobar antes del 18 de junio de este año un proyecto de Ley que regule la constitución de un fondo de capitalización para los trabajadores como en el sistema austriaco, que no eleve las cotizaciones que pagan las empresas.

En el marco del acuerdo social alcanzado entre Gobierno, sindicatos y empresarios, el Ejecutivo se ha comprometido a que crear este fondo de forma que se mantenga a lo largo de la vida laboral del trabajador por una cantidad equivalente a un número de días de salario por año de servicio a determinar. El fondo se hará efectivo en los supuestos de despido, de movilidad geográfica, para el desarrollo de actividades de formación o en el momento de la jubilación del trabajador.

Por otro lado y con el objetivo de analizar el funcionamiento de instituciones similares que existen en otros países y su posible adaptación en España, Gobierno, empresarios y sindicatos han acordado la creación de un grupo de expertos integrado por seis miembros consensuados por los firmantes.

Las partes elaborarán un mandato concreto a dicho grupo de trabajo para que se pronuncie sobre las alternativas para instrumentar este fondo de capitalización abordando su aplicación a todos los contratos de trabajo vigentes o los que se celebren con posterioridad a su entrada en vigor.

De la misma forma, analizará su configuración como un nuevo derecho de capitalización individual para los trabajadores o relacionado con los costes de extinción del contrato de trabajo, el tipo de institución más adecuada para su gestión y los aspectos relacionados con su financiación.

Las conclusiones del grupo de expertos se pondrán a disposición del Gobierno y los agentes sociales antes de que el Ejecutivo apruebe el proyecto de Ley relativo al fondo de capitalización.

En cuanto a los Expedientes de Regulación de Empleo, el texto recoge que el Gobierno ha remitido a los interlocutores sociales un borrador para el proyecto de Real Decreto que aprobará el reglamento de los procedimientos de regulación de empleo y de actuación administrativa en materia de traslados colectivos.

Además, asegura que las partes firmantes del acuerdo económico y social trasladarán y abordarán todas las cuestiones referidas al mismo a partir de la firma de mañana y sin perjuicio de las posiciones empresariales y sindicales sobre el concreto contenido de este Real Decreto.

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