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JUSTICIA

El fiscal general del Estado defiende una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal "integral" y no de "parcheo"

El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, ha defendido una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal "integral" y no "de parcheo" que afecte a "todos los procesos, incluida la Ley del Jurado, ha señalado tras informar de la reunión de Consejo Fiscal que se celebra en Galicia para abordar la elaboración del Libro Blanco del Ministerio Fiscal.

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La Fiscalía prevé presentar este documento, que recogerá sus carencias, necesidades y propuestas para mejorar su funcionamiento, el próximo verano.

En rueda de prensa, Torres-Dulce ha precisado que la reforma estatutaria de la carrera fiscal o reformas procesales, como la Ley de Enjuiciamiento Criminal, "quedan fuera" de este Libro Blanco, un documento que ha calificado como "una radiografía crítica y autocrítica de cual es el estado del Ministerio Fiscal".

No obstante, sobre la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal ha indicado que tiene que ser una reforma "integral" que afecte "a todos los procesos, incluida la Ley del Jurado", ha precisado.

Sobre la misma, ha indicado que se someterá al dictamen del Consejo Fiscal y si hay "tiempo" a las juntas de fiscales, como lo han hecho ya para elaborar las bases del Libro Blanco, que desde este lunes, día 8, analizan en el Pazo de Mariñán, en Bergondo (A Coruña), los miembros del Consejo Fiscal.

En cuanto a la asunción de competencias en materia de investigación por parte de la Fiscalía, ha recalcado que debe pasar por la adscripción de unidades, tanto de Policía como de peritos; por "incrementar" el nivel de autonomía del Ministerio Público y por hacer una revisión de las plantillas judiciales. Al hilo de ello, ha recordado la existencia de "un déficit importante" de personal auxiliar.

Asimismo, respecto al Libro Blanco, que ha definido como "un proyecto de vida institucional", ha insistido en que recogerá las "reflexiones" de toda la carrera fiscal.

Una vez concluido, será remitido al Gobierno, al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), los Colegios de Abogados y Procuadores, el Congreso, el Senado y las Cámaras Autonómicas.

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