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Economía/Legal

La juez retoma hoy las declaraciones de los controladores imputados por el cierre del espacio aéreo

La titular del Juzgado de Instrucción número 33 de Madrid retomará este lunes las declaraciones a los controladores aéreos imputados por abandonar sus puestos en los centros de trabajo de Barajas y Torrejón de Ardoz y provocar el cierre del espacio aéreo los pasados tres y cuatro de diciembre.
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La juez María del Sagrario Herrero reanuda así la ronda declaraciones, iniciada el pasado mes de julio, que se prolongarán durante los días 13, 15, 19, 20 y 26 de septiembre. La juez imputa a un total de 16 controladores aéreos por presuntos delitos de sedición, coacciones, abandono del puesto de trabajo y secuestro de pasajeros.

Las comparecencias se producen en el marco de la investigación por lo ocurrido en los aeropuertos de la región entre los días tres y cuatro de diciembre del año pasado, hasta las 12:30 horas, momento en el que el Gobierno decretó el estado de alarma.

Los controladores que comparecieron el pasado mes de julio explicaron a la juez que abandonaron sus puestos de trabajo por razones el estrés laboral que vivían por los decretos aprobados por el Gobierno de cambio de las condiciones laborales del colectivo y negaron que estuvieran organizados para secundar un paro encubierto.

Por su parte, en su declaración, el presidente de USCA, Camilo Cela, que representa al 90% del colectivo, declaró que "el único responsable" del caos aéreo fue la empresa pública AENA por los cambios impuestos al colectivo.

En la demanda, presentada por el despacho Cremades & Calvo-Sotelo en nombre de cerca de 8.000 afectados, se reclama una indemnización de 10.000 euros para cada pasajero, cuyo plazo de adhesión finaliza el próximo 3 de diciembre.

Los demandantes exigen responsabilidades a los controladores por los daños provocados por el caos aéreos, que afectó a cerca de 600.000 pasajeros durante el pasado puente de la Inmaculada.

Asimismo, junto a la acusación particular en el proceso penal, los abogados de los afectados presentarán una reclamación de responsabilidad patrimonial contra AENA, que podría superar los 10 millones de euros.

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