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JUSTICIA

La corrupción y la crisis potencian el perfil económico de la Audiencia Nacional con más de 40 causas instruidas en 2011

Los Juzgados de Instrucción de la Audiencia Nacional investigaron a lo largo del año 2011 un total de 41 causas relacionados con la delincuencia económica nacional e internacional en colaboración con la Fiscalía Anticorrupción, en un claro reflejo de la situación económica de crisis que atraviesa España, según desvela la Memoria 2011 del órgano judicial, hecha pública este domingo.
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Uno de los más claros ejemplos del incremento de investigaciones de tipo económico es la actividad del Juzgado Central de Instrucción número 5 cuyo balance es especialmente llamativo: solo en ese juzgado constan actualmente más de 3.000 tomos de sumarios de delitos económicos.

En 2011, las investigaciones abiertas a la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE), Nueva Rumasa y la incorporación del sumario conocido como 'Gürtel' aportaron más de 128 nuevos imputados, 827 tomos, más de 500 perjudicados y 158 partes personadas. La Fiscalía Anticorrupción presentó 462 informes relacionados únicamente con la trama liderada por Francisco Correa, lo que se traduce en uno o dos informes cada día.

Pero si algún sumario refleja la magnitud de las investigaciones de delitos económicos instruidos en la Audiencia son los llamados 'Fórum' y 'Afinsa', que investiga el Juzgado Central de Instrucción número 1 y que en 2011 superaron los 400 tomos, 500.000 perjudicados y 418 personados.

El doble que en 2009

Estos datos sugieren que el nuevo horizonte penal que se atisba desde la Audiencia Nacional es el de una mayor carga de trabajo en delincuencia económica. De hecho, en 2011 ingresaron 14 procedimientos de este tipo, el doble que en 2009.

Dentro de esta nueva coyuntura, por primera vez se ha aplicado la reforma legal que permite dirigir la acción penal contra las personas jurídicas. En el marco de las diligencias 159/11 el Juzgado Central de Instrucción 6 ha interrogado a 15 representantes de sociedades.

Ante este nuevo escenario, la Sala de Gobierno entiende que cada vez cobra más sentido la existencia de la Audiencia y en la Memoria propone potenciar el tribunal, redefiniendo sus competencias al objeto de proporcionar una mayor seguridad jurídica. Así, se sugiere que asuma la investigación de nuevas realidades criminales como, entre otras, el tráfico de seres humanos o la delincuencia global ejercida a través de Internet.

Tras la experiencia acumulada y los futuros "macrosumarios" económicos que se perfilan, la Sala de Gobierno considera que debe precisarse mejor el concepto material de defraudaciones, con objeto de perfilar qué se entiende por "producir grave repercusión en el tráfico mercantil, en la economía nacional o perjuicio material en una generalidad de personas en el territorio de más de una audiencia".

También se quiere potenciar la actuación de la Audiencia Nacional dentro del espacio jurídico europeo e internacional para luchar contra las nuevas formas de criminalidad. Y así, aprovechar su experiencia como referente en la cooperación jurídica, como demuestra el dato de que durante 2011 se tramitaran en sus juzgados de instrucción 1.476 órdenes europeas de detención y 195 comisiones rogatorias. En la Sala de lo Penal, sus cuatro secciones resolvieron 1.040 extradiciones y Órdenes Europeas de Detención (OEDs), lo que supone un ligero aumento respecto al año anterior.

Por su parte, la Sala de lo Contencioso-Administrativo resolvió 7.052 asuntos durante 2011 frente a los 6.948 del año anterior, si bien la pendencia aumentó ligeramente debido al incremento y la complejidad de los casos que tramitaron, algunos de ellos con gran trascendencia social y haciendo frente a los retos que plantean las nuevas tecnologías.

Es el caso de la demanda de la Agencia de Protección de Datos contra Google por el denominado 'derecho al olvido' en Internet, que los magistrados resolvieron de forma novedosa y pionera al plantear ante el Tribunal de Justicia de la UE si un particular tiene derecho a reclamar la supresión y bloqueo de informaciones en los buscadores de Internet relativas a su persona. Esta Sala también instruyó las apelaciones contra el cierre de páginas web en litigios por la protección de la propiedad intelectual.

Los efectos de la crisis también se han hecho notar en la Sala de lo Social, cuyas competencias se han incrementado notablemente al tener que ocuparse del control de las resoluciones administrativas de los expedientes de regulación de empleo, suspensión del contrato y reducción de jornada, derivadas de causas económicas o técnicas cuando tenga efecto en más de una comunidad.

Pese a ello, sus números de resolución se han mantenido similares a los de años anteriores. "La competencia de la Sala Social, por tanto, se sitúa en el centro de gravedad del derecho colectivo del trabajo de manera que el resultado eficiente de su labor permitirá resolver colectivamente litigios estratégicos de las relaciones laborales, contribuyendo, de este modo, a ordenar colectivamente el mercado de trabajo, requisito fundamental para la modernización de nuestro sistema productivo", dice la Memoria.

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