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MADRID

Las leyes del alto cargo y de control de los partidos pasan hoy el primer filtro en el Senado

La Comisión Constitucional del Senado debate este miércoles los proyectos de ley del alto cargo y de control económico-financiero de los partidos políticos, que serán aprobadas la semana que viene por el Pleno y devueltas al Congreso, en principio, sin cambios de fondo.

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En total, se han presentado 141 enmiendas al Proyecto de Ley Orgánica de Control de los Partidos. Por otro lado, se han registrado otras cinco enmiendas al Proyecto de Ley del Alto Cargo del Estado, la mayoría para precisar la denominación de la Oficina de Conflicto de Intereses.

En otra de ellas modifica el artículo 25, el que regula las infracciones que pueden cometer los altos cargos. En concreto, añade un nuevo supuesto de infracción grave: cometer una leve cuando el autor ya hubiera sido sancionado por idéntico motivo en los tres años anteriores. Es decir, ser reincidente.

Proyectos de regeneración

Estos dos proyectos fueron presentados en el Congreso el pasado otoño por el presidente del Gobierno dentro de un paquete de medidas contra la corrupción y por la regeneración democrática. La nueva ley de control económico-financiero impone a los partidos políticos y sus fundaciones nuevos controles de su financiación y más requisitos de transparencia y de democracia interna.

El texto aprobado en el Congreso prohíbe entre otras cosas condonar deuda a los partidos, veta donativos de personas jurídicas (empresas) y obliga a publicar todos las aportaciones económicas de más de 25.000 euros que reciba un partido.

La ley añadió un recorte del 20% de la subvención que se otorga por los envíos gratuitos de propaganda electoral ('mailing'), que se añade a la rebaja del 40% de la financiación ordinaria de los partidos que el Gobierno ha ido aplicando en los últimos años a través de los Presupuestos Generales.

Además, a partir de ahora, las subvenciones anuales del Estado se van a vincular al presupuesto consolidado sin intereses de cada ejercicio.

Junto a la austeridad, se confirma la imposición de mayores exigencias de control y de transparencia de las fundaciones políticas. Si ya se las obliga a informar al Tribunal de Cuentas de las donaciones que reciben, se pretende ahora que todos sus ingresos sean examinados por el Tribunal de Cuentas (incluyendo los convenios con entes públicos) y que la institución fiscalice también los gastos derivados de subvenciones públicas; además, las fundaciones deberán someterse a una auditoría externa cada año cuyos resultados habrán de ser publicados en su web.

Asimismo, se definen las sanciones por financiación ilegal para aumentarlas y para dificultar la prescripción en función de la gravedad de la falta que se imputa (dos años para casos leves, tres para graves y cinco para muy graves).

En cuanto al Estatuto del Alto Cargo fija, entre otras cuestiones, los requisitos de idoneidad para ocupar esos puestos, las declaraciones de bienes y certificados tributarios que deben presentar, las incompatibilidades, el régimen sancionador que les afecta y los informes que la Oficina de Conflictos de Intereses debe aportar al Parlamento.

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