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El Congreso aprueba el cambio en la jubilación de contratos a tiempo parcial, que será enviado al Senado

El Pleno del Congreso ha aprobado el proyecto de ley de Protección de los trabajadores a tiempo parcial y otras medidas urgentes en el orden económico y social, que incluye el cambio en el método de cálculo de las pensiones de ese tipo de contratos, así como medidas relativas a la seguridad ferroviaria y aérea.

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Esta pluralidad temática del proyecto de ley, derivado de un decreto que está en vigor desde el pasado mes de agosto, ha motivado las críticas generalizadas de los partidos de la oposición, que han lamentado la decisión del Gobierno de aglutinar tantos asuntos en una norma que podría haber conseguido el apoyo unánime de la Cámara si se hubiera limitado a su objetivo original.

Precisamente para que se pudiera visualizar este acuerdo, los diputados han votado, además de las enmiendas parciales que aún quedaban vivas, cada uno de los títulos del proyecto de ley. De este modo, el capítulo relativo a la contratación a tiempo parcial ha salido adelante por unanimidad, mientras que en el resto de regulaciones el PP ha conseguido apoyos desiguales, siendo rechazado por todos los grupos el capítulo sobre cambios en el paro.

Tras su paso por el Congreso, donde junto con los cambios propuestos por el PP también se aceptaron tres enmiendas de CiU --una de carácter técnico, otra para prorrogar a 2014 las bonificaciones a las cotizaciones empresariales a la Seguridad Social para fijos discontinuos del sector turístico y una tercera para que las comunidades autónomas colaboren con el Gobierno en el programa operativo para aplicar los fondos europeos de lucha contra el paro juvenil--, el texto deberá ser tramitado en el Senado.

Nueva vuelta de tuerca a la reforma laboral

La portavoz socialista de Empleo, Concha Gutiérrez, ha lamentado que este proyecto, cuyo corazón es el "acuerdo político y social" sobre la jubilación de los contratos a tiempo parcial, incluya también "nuevos recortes a los derechos de los trabajadores y otra vuelta de tuerca a la reforma laboral", con el objetivo de "debilitar aún más la representación de los trabajadores" en las relaciones laborales y la negociación colectiva.

"Nuestro compromiso cuando volvamos a gobernar es recuperar el diálogo social, el pacto social y el modelo de relaciones laborales que recoge la Constitución y que el PP con la coartada de la crisis insiste en suprimir", se ha comprometido la diputada, afirmando además que el "recorte" en la protección por desempleo podría ser "inconstitucional". "El Gobierno ha renunciado al diálogo y al pacto social, y esto para nosotros es inadmisible", ha añadido.

Por la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), Joan Coscubiela ha afirmado que este proyecto es "el paradigma de todo lo que no debe hacer el Gobierno", comenzando por presentar un "decreto ley portaviones" y siguiendo por el "vaciado de contenido de las funciones del legislativo" al no aceptar ninguna de las "alternativas" presentadas por la oposición.

Tras expresar su respaldo a la regulación sobre contratos a tiempo parcial, ha rechazado frontalmente la "reforma de la reforma laboral" que se introduce con este proyecto y que conllevará "mayor precariedad laboral".

El portavoz económico de UPyD, Álvaro Anchuelo, ha lamentado que el "importante acuerdo" sobre las pensiones de contratos a tiempo parcial alcanzado en el Pacto de Toledo no sea el único asunto del proyecto de ley, porque "merecía que se visualizara el acuerdo", y ha rechazado tanto una "técnica legislativa totalmente equivocada de mezclar asuntos que nada tienen que ver" como la "mezcolanza de medidas" que se incluyen en el proyecto que "agravan la reforma laboral".

El acuerdo era posible

El diputado de CiU Carles Campuzano ha contrapuesto el acuerdo conseguido con las pensiones de contratos a tiempo parcial, que hacen "más estable" la modificación, con lo sucedido en la reforma de las pensiones. Además, ha lamentado la inclusión de tantos asuntos diversos en un mismo texto normativo y ha advertido de que hay una "invasión de competencias" en el ámbito sancionador en las prestaciones por desempleo, un asunto que la Generalitat catalana llevará al Tribunal Constitucional (TC).

Emilio Olabarria, del PNV, ha aplaudido el "cuasi excepcional pacto" logrado en torno al "tronco fundamental" del proyecto, es decir, lo relativo al cómputo de la pensión de jubilación para el contrato a tiempo parcial. No es la mejor forma de legislar incorporar cuestiones atenientes a 16 sectores del ordenamiento jurídico en un único proyecto de ley", ha señalado, recordando que el propio Tribunal Constitucional advierte de que esta "heterogeneidad" puede ser inconstitucional.

Por el BNG, Olaia Fernández Davila ha lamentado la mezcla de temas muy diferentes en este proyecto de ley, y cree "inasumibles" algunos de los aspectos que el Gobierno y el PP han incorporado, como los relativos al acceso a la prestación de desempleo o a la negociación colectiva.

Medidas importantes y necesarias

Finalmente, la portavoz 'popular' de Empleo, Carmen Álvarez Arenas, ha defendido la "pertinencia y oportunidad" de las medidas que se incluyen en el proyecto más allá de la jubilación de contratos a tiempo parcial, porque son "importantes y necesarias".

"No son una vuelta de tuerca a la reforma laboral, sino una garantía de su mejor y más segura aplicación. Son otros los que con sus enmiendas pretenden hacer una enmienda a la totalidad de la reforma laboral. Datos y tendencias desmienten día a día los augurios negativos sobre dicha reforma, que está cumpliendo los que se proponía: frenar la destrucción de empleo y propiciar mejores condiciones para su creación cuando se inicie la recuperación, incluso con menos crecimiento", ha añadido.

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