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CIVIL

Una compañía tendrá que pagar la cuantía máxima a su asegurado por incapacidad permanente

El Supremo ratifica la condena a una aseguradora de indemnizar con 175.044 euros a una persona que quedó incapacitada para trabajar tras sufrir un infarto de miocardio, la cantidad máxima fijada en las condiciones particulares del contrato.

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La demanda fue interpuesta por un asegurado contra su compañía, Aegón Seguros, reclamando el importe fijado en el contrato por sufrir un infarto de miocardio que derivó en su incapacidad permanente. La demanda fue estimada por el Juzgado de 1ª instancia nº 2 de Biilbao, condenando a la aseguradora al pago de 175.044,38 euros más intereses, siendo revocada en apelación.

La diferencia entre ambas instancias estribó en la cuantificación de la indemnización, pues mientras que la sentencia de primera instancia otorgó la cantidad máxima fijada en las condiciones particulares para la incapacidad permanente absoluta, la sentencia de la Audiencia Provincial excluyó esta equiparación cuantitativa para incluirla dentro de las incapacidades parciales con una cuantificación baremada.

Ahora la Sala estima el recurso de casación interpuesto por el asegurado en aplicación de la regla interpretativa de las cláusulas contractuales conocida como contra proferentem [contra el proponente], que recoge el artículo 1288 del Código Civil como sanción por la falta de claridad del contrato, para proteger al contratante más débil.

Esta regla de interpretación solo entra en juego cuando exista una cláusula que no tenga la suficiente claridad o transparencia, con la consiguiente imposibilidad de conocer la voluntad común, habiendo de proteger al contratante que no causó la confusión.

En el caso concreto, se ha considerado que la interpretación contra proferentem más adecuada es la de entender que la incapacidad permanente total, dadas las circunstancias del contrato, que aseguraba a un trabajador de una profesión determinada contra la incapacidad permanente absoluta y parcial, ante la falta específica de previsión, equivale a una incapacidad permanente absoluta y como tal, ha de ser cuantificada, ya que la invalidez permanente total inhabilita al asegurado para el ejercicio de su profesión (producida tanto por una lesión grave como por una menos grave, pero decisiva al fin )para el desempeño de la actividad laboral.

En definitiva, estima el Supremo que la interpretación de la Audiencia Provincial de Vizcaya, que barema conforme a la incapacidad permanente parcial no estando regulada la baremación de la incapacidad permanente total, contraría la regla del 1288 del Código Civil.

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