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El CGPJ informa a Justicia y las Comunidades Autónomas de su previsión de necesidades en los juzgados de cláusulas suelo para 2018

El Consejo estima que, en total, harán falta 57 jueces a tiempo completo y otros  52 a tiempo parcial para atender los órganos especializados. Las CCAA piden una hoja de ruta en la que se establezca de manera clara y estable las necesidades para la segunda fase del plan.

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Hipoteca,cláusulas suelo

El Consejo General del Poder Judicial ha informado hoy al Ministerio de Justicia y a las Comunidades Autónomas con competencias transferidas en esta materia de su previsión de necesidades para 2018 en los Juzgados de Primera Instancia especializados en los litigios relacionados con las acciones individuales sobre condiciones generales incluidas en contratos de financiación con garantías reales inmobiliarias cuyo prestatario sea una persona física.

La estimación -calculada a partir de las necesidades comunicadas por los Tribunales Superiores de Justicia, los informes del Servicio de Inspección sobre la evolución estadística del número de demandas ingresadas y la comparación con los asuntos de carácter ordinario en la jurisdicción civil- es que el año que viene se precisarán un total de 57 jueces a tiempo completo y otros 52 a tiempo parcial para atender los órganos especializados.

También serían necesarios 23 letrados de la Administración de Justicia a tiempo completo y otros 29 a tiempo parcial, según la información facilitada hoy a los representantes de las Administraciones en la reunión mantenida con el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes; los vocales de la Comisión Permanente y el vocal Gerardo Martínez Tristán, coordinador del plan de urgencia puesto en marcha el pasado 1 de junio.

Este consiste en la especialización de Juzgados de Primera Instancia –uno por provincia en la península y uno en cada una de las principales islas de los archipiélagos canario y balear- que conocen, de manera exclusiva y no excluyente, de los litigios relacionados las cláusulas suelo y otros asuntos como vencimientos anticipados, intereses moratorios, gastos de formalización de hipoteca o hipotecas multidivisa.

El plan de urgencia fue aprobado con una vigencia inicial de siete meses, hasta el próximo 31 de diciembre, y su continuidad más allá de esa fecha precisa del informe favorable del Ministerio de Justicia, según lo establecido en el artículo 98.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, que ha asistido hoy a la reunión de coordinación, ha anunciado que estudiará la información facilitada este lunes por el CGPJ y que en un plazo breve se pronunciará sobre la prórroga del plan.

Si se aprueba la continuidad del mismo, se convocará a una nueva reunión, con carácter inmediato, a las Comunidades Autónomas, que han mostrado su disposición a facilitar los medios personales y materiales precisos para esa segunda fase del plan en función de su disponibilidad presupuestaria, aunque han reclamado una “hoja de ruta” en la que se fijen de manera clara y estable esas necesidades.

Más participación de los jueces titulares

Durante la reunión de hoy, el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial ha agradecido el esfuerzo desarrollado hasta ahora por las Administraciones y ha destacado los efectos positivos que ha tenido el plan de urgencia, como la uniformidad en la respuesta a las demandas de los ciudadanos, la mayor productividad de los Juzgados y el “refuerzo indirecto” que la especialización de órganos ha supuesto para el resto de los de la jurisdicción civil.

También ha destacado que en el encuentro mantenido la semana pasada con una representación de los jueces decanos quedó de manifiesto su respaldo al plan y, en respuesta a la petición de éstos y de las Comunidades Autónomas, se ha comprometido a dotar de estabilidad a las medidas que se acuerden “como garantía para las Administraciones prestacionales”.

Lesmes también ha anunciado que el CGPJ se plantea un “cambio cualitativo importante” en relación con la participación de los jueces y magistrados titulares de los órganos especializados, mediante la aplicación de medidas como la exención de reparto o el autorrefuerzo, en vista de los buenos resultados cosechados en aquellos Juzgados donde ya se han puesto en práctica.

También se fomentarán otras iniciativas con la finalidad de facilitar la unificación de criterios, como grupos de trabajo y encuentros de jueces de órganos especializados y de magistrados de las Audiencias Provinciales y de éstos con letrados de la Administración de Justicia o un tesauro que el Centro de Documentación Judicial pondrá a su disposición.

Los asistentes a la reunión han coincidido en que el tipo de litigiosidad al que se enfrentan los Juzgados especializados “ha venido para quedarse” y han destacado la importancia que tendrán los pronunciamientos de la Sala Primera, de lo Civil, del Tribunal Supremo sobre las cuestiones que hoy se están resolviendo en primera instancia y sobre asuntos como el Índice de Referencia de Préstamos Hipotecarios (IRPH), que el alto tribunal examinará por primera vez el próximo día 22.

 

 


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