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LEY CONCURSAL

Los cambios en la Ley Concursal crearán empleo, según el ministro de Economía

Luis de Guindos ha asegurado que los cambios en la Ley Concursal que se incluyen en el decreto ley de Medidas urgentes en materia de refinanciación y reestructuración de deuda empresarial permitirán incrementar el PIB. El texto se tramitará como proyecto de ley para incorporar mejoras.

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El texto hace frente a los tres principales "obstáculos" de la actual Ley Concursal: el peligro de la rescisión de acuerdos, la imposibilidad de alcanzar acuerdos individuales y las dificultades en los colectivos por las mayorías exigidas, y la imposibilidad de extender a los acreedores disidentes algunos efectos de los acuerdos como las quitas.

Como solución a estos temas, se posibilitan los acuerdos individuales de refinanciación si "se mejora la posición patrimonial del deudor" y sin necesidad de contar con la mayoría del pasivo. Este tipo de acuerdos sólo serán rescindibles por el juez a instancias del administrador concursal, y sus condiciones serán bastante restrictivas.

Además, se simplifican los trámites de los acuerdos colectivos no homologados judicialmente al sustituir el informe de un experto independiente sobre el plan de viabilidad de la empresa por un certificado del auditor de cuentas, y se limitan los casos de rescisión. En cuanto a los acuerdos colectivos homologados judicialmente, también se introducen "importantes variaciones".

La simplificación de la intervención judicial conllevará que sólo se comprobará que se cumplen las mayorías y los requisitos formales. Además, una vez homologado el acuerdo ya no se podrá rescindir si se llega al concurso de acreedores, se reduce del 55% al 51% la mayoría necesaria para la homologación y se incluye en el cómputo a todos los acreedores de pasivos financieros, excepto los titulares de deuda comercial o de derechos públicos.

Se extiende a los disidentes

En los préstamos sindicados hará falta el 75% de los titulares del pasivo para acordar medidas de refinanciación, de modo que se "eviten comportamientos oportunistas" que se daban por la exigencia de unanimidad; y se reconoce la posibilidad de convertir deuda en capital en determinadas condiciones.

También se podrán extender las medidas si se logra un apoyo del 60%, en el caso de esperas hasta cinco años y de conversiones en préstamos participativos por el mismo plazo, o del 75% si se trata de esperas hasta diez años, quitas o conversiones de deuda en capital.

En cuanto a los acreedores con garantías reales, que "actualmente eran prácticamente inmunes a los acuerdos de refinanciación homologados", se afecta a la parte del crédito que exceda del valor real de la garantía, que por tanto se verá afectada por medidas de espera o conversiones en las mismas condiciones que el resto.

Otros cambios

El decreto ley modifica también el régimen de las ofertas públicas de adquisición (OPA) para evitar costes adicionales en estos procesos, se acuerda la paralización durante cuatro meses desde la comunicación del inicio de las negociaciones de todas las ejecuciones singulares de bienes necesarios para la continuidad de la actividad y se califica todo el dinero nuevo que pueda entrar en un proceso de refinanciación y reestructuración de deuda como crédito contra la masa durante un plazo de dos años.

Por otra parte, se modifica la Ley del Impuesto de Sociedades para que la capitalización de la deuda no tribute y también se cambia el tratamiento fiscal que se da a las rentas derivadas de quitas o de esperas que no suponen un aumento de la capacidad de las empresas, para que se imputen en la base imponible en función de los gastos financieros que generen posteriormente.

El decreto ley también encarga al Banco de España que adapte la normativa contable a la mejora de la calificación de la deuda subsistente tras el acuerdo, un mandato que el regulador ya cumplió esta semana con la decisión de que la deuda sea calificada como de riesgo normal bajo unas determinadas circunstancias.

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