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La bonificación de la Garantía Juvenil se aplicará a otro trabajador si la cuota empresarial es inferior

Las bonificaciones de las que los empresarios podrán beneficiarse en virtud de la Garantía Juvenil se aplicarán en su máxima cuantía, de modo que si los 300 euros mensuales que prevé la normativa superan la cotización empresarial se podrán apurar para reducir las cotizaciones de otros trabajadores.

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Así consta en una de la docena de enmiendas que el PP ha presentado al macrodecreto de medidas económicas que el Consejo de Ministros aprobó el pasado 4 de julio, y que se tramitará como proyecto de ley en el Congreso la próxima semana, con su debate en la Comisión de Economía durante dos sesiones consecutivas.

Según el texto de la enmienda, a la que ha tenido acceso Europa Press, si la cuota que paga la empresa a la Seguridad Social por el trabajador acogido a la Garantía Juvenil es inferior a la bonificación de 300 euros mensuales a la que tiene derecho, ese exceso podrá descontarse de la liquidación mensual de las cotizaciones por toda la plantilla, "siempre que la misma no resulte negativa".

De este modo, la totalidad de la bonificación podrá destinarse incluso a "reducir la cotización de otro trabajador", tal y como consta en la exposición de motivos del decreto ley, que indica además que dado que las bonificaciones de la Garantía Juvenil son compatibles con otros incentivos, como la tarifa plana, "cabe la posibilidad de que durante los primeros seis meses (de contratación) la empresa no tenga coste de cotización".

Devolver lo aplicado irregularmente

Por otra parte, los 'populares' precisan con su enmienda que si el empresario incumple su obligación, no sólo de tener contratado al trabajador durante al menos seis meses, sino también de mantener el nivel de empleo medio previo a la contratación, deberá devolver la totalidad de la bonificación pero también el "posible excedente generado y aplicado".

En cualquier caso, no se entenderán incumplidas dichas obligaciones si se despide al trabajador por causas objetivas o por despido disciplinario que no sean declarados improcedentes, ni tampoco si se debe a una dimisión, muerte, incapacidad permanente total o absoluta, o gran invalidez.

Asimismo, en el caso del requisito de mantenimiento del empleo indefinido y total, tampoco se considerará un incumplimiento si el despido se debe a la "expiración del tiempo convenido o realización de la obra o servicio objeto del contrato, o por resolución durante el periodo de prueba".

Según el PP, estos cambios son "mejoras técnicas" que se aplican para hacer la normativa "congruente" con lo establecido en la regulación de otros incentivos a la contratación.

Límites a las comisiones por tarjeta

Entre las enmiendas del partido que da sustento al Gobierno también se cuentan dos relativas a los nuevos límites a las comisiones por el pago con tarjeta bancaria. En concreto, se elimina la referencia a la que entrada en vigor de estos topes será el 1 de septiembre próximo, si bien se asegura que esta "mejora técnica" no "modifica en ningún punto" la puesta en marcha efectiva de esta medida.

Además, se señala que estos límites no se aplicarán a las que "sólo se puedan utilizar en una red limitada, diseñada para satisfacer necesidades precisas mediante instrumentos de pago cuya utilización está limitada, o bien porque permiten a su titular adquirir bienes o servicios únicamente en los locales del emisor, dentro de una red limitada de proveedores de servicios vinculados directamente mediante un acuerdo comercial con un emisor profesional, o bien porque únicamente pueden utilizarse para adquirir una gama limitada de bienes o servicios".

Según el PP, esta matización "clarifica explícitamente" la regulación de este tipo de tarjetas, que son las asociadas a un comercio determinado como las de las cadenas de supermercados o gasolineras, optando por una "solución equivalente a la recogida en la propuesta de Reglamento sobre las tasas de intercambio para operaciones de pago basadas en una tarjeta que actualmente se tramita en la UE".

Registro civil

En el macrodecreto también se recogen algunos cambios relativos al régimen del Registro Civil, del que a partir de ahora se encargarán los registradores mercantiles a través de sistema informático único que deberá estar en funcionamiento antes del 15 de julio del año próximo.

Así, la nueva Corporación de Derecho Público creada para este fin promoverá la contratación necesaria para crear este sistema informático, proceso que estará supervisado por la Dirección General de los Registros y del Notariado, que también asignará "otros registros y servicios" de su competencia a este nuevo mecanismo.

"Dado que hay servicios y registros dependientes de la Dirección General directamente relacionados con el Registro Civil, como son los relativos a nacionalidad, actos de última voluntad y seguros de vida, no parece conveniente el desarrollo por parte de la Administración de otra plataforma para dichos servicios, siendo tanto desde el punto de vista económico como organizativo, más conveniente su inclusión dentro de la plataforma prevista (en este decreto). Ello redundará en un mejor servicio y en un ahorro de costes para la Administración", justifica el PP.

Otras modificaciones

Finalmente, las enmiendas del Grupo Popular retrasan hasta el 1 de julio pasado el plazo de adaptación otorgado a las empresas navieras para comprobar el número de embarques realmente realizados en los puertos españoles y que son susceptibles de subvención, de modo que no se pierdan estas bonificaciones.

Además, se incorporan varias modificaciones técnicas, como la eliminación del régimen de infracciones de la Ley del Cine el incumplimiento de la inscripción en un registro que desaparece en virtud de este decreto ley, y se incluye la previsión legal sobre cómo acreditar las cuotas de la Seguridad Social que tienen derecho a bonificación.

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