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JUSTICIA

Los aspirantes a presidir la Sala de lo Penal proponen agilizar la tramitación de los casos de corrupción

Los tres magistrados que aspiran a presidir la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, Manuel Marchena, Miguel Colmenero y Cándido Conde-Pumpido, han propuesto medidas para agilizar la tramitación de los casos de corrupción y las causas con preso, asíc omo para mejorar los procesos sobre aforados.

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Los vocales del Consejo General del Poder Judicial votarán el 30 de septiembre al sustituto del actual presidente Juan Saavedra, quien se jubila hoy.

Marchena, quien cuenta actualmente con más apoyos para obtener el puesto, ha sido el último en exponer su curriculum. Considera fundamental apostar por la unificación de doctrina y que todos los jueces reciban un resumen de las resoluciones que provocan cambios jurisprudenciales.

Además, ha sugerido ofrecer formación sobre nuevas tecnologías a cada magistrado de la sala.

Cándido Conde-Pumpido ha expuesto todo un proyecto de reforma de la Sala de lo Penal basado en cinco puntos de los que destacan reformas dirigidas a evitar que los magistrados encargados de admitir causas con aforados no sean los mismos que les juzguen y la creación de una sala, integrada por el presidente y los tres más antiguos, que coordine para evitar contradicciones en la jurisprudencia.

Ha resaltado que lo más importante es mejorar la seguridad jurídica del alto tribunal, para lo que propone crear la mencionada sección de coordinación y un grupo de trabajo dentro del gabinete técnico del tribunal que detecte esta contradicciones en el ámbito jurisprudencial. Igualmente, propone un nuevo sistema de reparto para mejorar el enjuiciamiento a aforados.

Finalmente, Conde-Pumpido citó como necesarias la Ley de Enjuiciamiento Criminal, para introducir el modelo de fiscal instructor, el establecimiento de la doble instancia judicial y el aumento del catálogo de delitos.

Miguel Colmenero abogó por reducir a la mitad el tiempo de espera para resolver los recursos de casación que llegan sobre casos de corrupción, pasando de un año a seis meses. Apostó además por la "transparencia y la buen comunicación". A su juicio, ha propuesto la emisión de un boletín semanal o quincenal con las decisiones más relevantes, así como las del Tribunal Constitucional y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos para mejorar el conocimiento y la cohesión en la sala.

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