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IV ENCUENTROS ACIJUR-EL DERECHO EDITORES

Las asociaciones judiciales denuncian la "politización" de los órganos de la Justicia

En un almuerzo convocado por la Asociación de Comunicadores e Informadores Jurídicos (ACIJUR) y El Derecho, los portavoces de las cuatro asociaciones judiciales debatieron sobre la actual situación de la Administración de Justicia y sus propuestas de mejora.

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IV Encuentros ACIJUR-El Derecho

Las cuatro asociaciones judiciales han denunciado el interés de los partidos políticos por controlar el poder judicial, desplegando un excesivo "uso político y partidista" que señalaron como circunstancia principal que aqueja a la Administración de Justicia. Una administración que tildaron de "deficitaria", "incomprensible", "lamentable y caótica" y situada a peor nivel que en 2008, fecha en la que jueces y magistrados convocaron huelga por primera vez en la historia de la democracia.

El almuerzo convocado por la Asociación de Comunicadores e Informadores Jurídicos (ACIJUR) y El Derecho fue el escenario donde los cuatro portavoces de las asociaciones judiciales pudieron debatir sobre la situación actual de la Justicia y su relación con los medios de comunicación: Pablo Llanera, portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM); José Luis Ramírez, portavoz de Jueces para la Democracia (JdD); Marcelino Sexmero, portavoz de la Asociación de jueces Francisco de Vitoria; y Francisco Javier Varona, presidente del Foro Judicial Independiente.

Pablo Llanera se refirió a la situación actual de la Justicia como "altamente deficitaria en muchos aspectos" y ha añadido como razón "la alta litigiosidad, abordando los jueces el 4% más de las resoluciones que pueden abarcar", así como "una situación de abandono que vivimos los jueces porque los gobiernos han estado más interesados en controlar al poder judicial que de dotarle de los instrumentos necesarios" para lograr una gestión eficaz.

Entre estos intentos de control por parte del poder Ejecutivo, Llanera ha citado los cambios en el sistema de selección de los jueces, así como la corriente favorable a conceder a las fiscalías las competencias para la investigación de los delitos. Además, el portavoz de la APM se mostró a favor de aumentar las competencias del CGPJ y denunció la falta de medios en los órganos judiciales, y los atrasos en la implantación de nuevas tecnologías, que impiden la interconexión entre los juzgados y otros organismos como la Policía, "un sistema realmente obsoleto", añade.

Por su parte, el portavoz de Jueces para la Democracia (JpD), José Luis Ramírez, se refirió a los tres principales problemas que acucian a la Justicia: lentitud e ineficacia por falta de medios y recursos, culpabilizando de ello a las administraciones, la "incomprensión" que las sentencias provocan en el conjunto de los ciudadanos, y en tercer lugar, la politización de los órganos judiciales. José Luis Ramírez abogó por establecer unos principios deontológicos aplicados a todos los jueces y por un esfuerzo, en la medida de lo posible, de utilizar un lenguaje "comprensible" a la opinión pública.

Respecto a la relación de los jueces con los medios de comunicación, el portavoz del JpD resaltó que ha de ser necesaria pero que determinadas informaciones difundidas colisionan con la presunción de inocencia de los acusados, "teniendo los periodistas la responsabilidad y compromiso con los derechos de los ciudadanos". José Luis Ramírez coincidió con Llanera en el uso partidista que se hace de la Justicia, "una mala praxis institucional de los políticos en su intento de colocar a los suyos en los órganos judiciales", defendiendo una independencia de jueces y magistrados españoles.

Con esta defensa de la independencia ha coincidido también el portavoz de la asociación Francisco de Vitoria Marcelino Sexmero, que denunció el "daño" que hacen las etiquetas que se en los medios de comunicación les dividen entre "conservadores" y "progresistas". Asimismo, apeló a una regulación "más clara y tajante del secreto sumarial que no puede prolongarse excesivamente".

Sobre la situación actual de la Administración de Justicia, Sexmero la describió como "peor que hace dos años", haciendo alusión a octubre de 2008, origen de la primera huelga de jueces de la democracia.

Entre las situaciones a mejorar, el portavoz de Francisco de Vitoria citó la Nueva Oficina Judicial, que según todos los portavoces presentes en el acto está funcionando con muchos problemas en aquellos lugares en los que el Ministerio de Justicia ya ha iniciado su implantación. Añadió las grandes diferencias entre la inversión en informática de los territorios gestionados por las comunidades autónomas de aquellas competencia directa del Ministerio, y calificó de "nimios" los cambios aprobados en material procesal.

Finalmente, intervino el presidente del Foro Judicial Independiente, Francisco Javier Varona, quien calificó la situación de la Administración de Justicia de "lamentable y caótica" causada por el intento de politización que tildó de "partidista", una politización que interesa "a dos o a cuatro partidos, a los sumo".

El presidente del Foro Judicial Independiente añadió que ese interés de los políticos en estar presentes en los órganos judiciales "tiene una intencionalidad clara", por ello, los esfuerzos han de ir en "trabajar por la independencia del poder judicial". Varona expuso que el control político se está desarrollando mediante reformas legislativas que restan poder de decisión a los jueces y a través de la política de nombramientos "con el beneplácito de algunas asociaciones judiciales".

Sistema de retribuciones

La delicada situación económica que vive el país también ha pasado factura a la judicatura. Respecto al sistema de retribuciones, las asociaciones judiciales culparon al Ministerio de Justicia de no cumplir la Ley de Retribuciones de 2003. Marcelino Sexmero señaló que "somos el único colectivo que no cobra productividad" y Pablo Llanera informó de la bajada del sueldo a los jueces del 10% frente al 5% de los funcionarios, añadiendo que "asumimos lo que nos ha tocado, somos conscientes de la realidad, pero desde 2003 lleva sin aplicarse la normativa de retribuciones".

Por este motivo, la asociación de jueces mayoritaria solicitó no solo que se cumpla la ley, sino que además se revisen las guardias, que según indicó Llanera, son menores que las del resto de funcionarios, así como una revisión de las otras retribuciones complementarias.

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