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Economía/Energía

Las asociaciones fotovoltaicas piden al Congreso que detenga el decreto con los recortes de primas

Las tres principales asociaciones empresariales del sector fotovoltaico piden a los diputados que rechacen en el Congreso el real decreto ley 14/2010 con medidas urgentes del sistema eléctrico, cuyo texto, que debe ser convalidado por el Parlamento a finales de mes, incluye un recorte de la retribución de la fotovoltaica.
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En un comunicado conjunto, la Asociación Empresarial Fotovoltaica (AEF), la Asociación de la Industria Fotovoltaica (ASIF) y la Asociación de Productores de Energías Renovables (APPA) piden a la Junta de Portavoces del Congreso de los Diputados que tome conciencia de las "graves medidas que para el sector fotovoltaico español y para la propia credibilidad de España" supone el real decreto ley.

La norma, que recoge un recorte de retribución de 2.200 millones para la fotovoltaica en tres años, incluye, a juicio de los firmantes, "disposiciones extraordinariamente perjudiciales" para este sector, así como contrarias al "orden jurídico constitucional".

"Por extensión, conlleva una quiebra de la legalidad que afectará a todos los sectores económicos regulados y a la propia credibilidad del país, justo cuando la prima de riesgo sigue creciendo por las dudas que tienen los mercados internacionales sobre la solvencia de España", afirman las asociaciones empresariales.

Entre otras medidas, ASIF, AEF y APPA denuncian recortes retroactivos del 30% a la retribución de las 50.000 instalaciones solares existentes que, de entrar en vigor, "pueden arruinar a los inversores que confiaron en la seguridad jurídica de España".

"En el mejor de los casos, los afectados --más de 200.000 personas-- verán totalmente frustradas sus legítimas expectativas de rentabilidad, generadas por la normativa vigente en el momento en que optaron por invertir en la energía fotovoltaica", afirma el comunicado.

Las asociaciones señalan además que la medida adolece de "retroactividad", lo que genera una situación "inaudita en un Estado de derecho" que "impactará terriblemente en la confianza en el mercado fotovoltaico español y en el tejido empresarial que lo conforma, ya muy castigado por otras regulaciones restrictivas y por la desconfianza que ha propiciado la incertidumbre regulatoria imperante durante el último año".

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