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LEY DEL ABORTO

El Poder Judicial debatirá la próxima semana el informe al Anteproyecto de Ley del Aborto

El CGPJ se reunirá la semana que viene en un pleno extraordinario para debatir y votar el informe al Anteproyecto de Ley Orgánica para la protección de la vida del concebido y de los derechos de la mujer embarazada.

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El Pleno se celebrará previsiblemente el miércoles 4 de junio, y permitirá a los vocales del Consejo estudiar las dos propuestas presentadas por las ponentes Carmen Llombart y Pilar Sepúlveda.

En los dos textos se considera que uno de los supuestos de aborto despenalizados en el Anteproyecto, el que contempla la existencia de una anomalía fetal incompatible con la vida, debería desligarse de que se produzca la afectación de la salud psíquica de la mujer.

Las dos vocales entienden suficiente que el informe sea emitido por dos médicos distintos del que practique la intervención, sin que sea preciso acudir a un facultativo externo al centro.

En cuanto al asesoramiento que debe recibir la mujer, las ponentes coinciden en que la información debería tratar también sobre la situación personal de la gestante atendiendo a la causa del aborto y sobre las consecuencias de seguir con el embarazo.

Profesional sanitario

Las propuestas de informe de Llombart y Sepúlveda, además, consideran positivo que la norma regule la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios, pero creen que hubiese sido adecuado que garantizase que los establecimientos y centros, públicos y privados, autorizados para la práctica de abortos dispongan de personal sanitario y facultativos cualificados al efecto que no ejerzan ese derecho.

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El Anteproyecto establece la prohibición de la publicidad sobre oferta de centros o procedimientos para la práctica del aborto, aunque considera lícita la prestación de información clínica y la orientación asistencial y social a la mujer. Respecto a esto, Sepúlveda opina que la información que reciba la mujer determinará su elección.

Protección de la maternidad

Por su parte, el texto presentado por Carmen Llombart señala que se echa en falta que el Anteproyecto no contenga una política general integral de protección de la maternidad desligada de la circunstancia de la eventual interrupción del embarazo; al entender que ésta sería el instrumento más adecuado para proteger la maternidad y en consecuencia la vida del concebido, potenciar la natalidad y reducir los potenciales abortos.

Por último, ambas vocales señalan que la sentencia 53/1985 del Tribunal Constitucional avaló el modelo de interrupción del embarazo basado en indicaciones, que el Anteproyecto recupera ahora, pero dicen que de ello no cabe deducir la incompatibilidad constitucional del modelo vigente –de plazos e indicaciones-, cuestión sobre la que aún no se ha pronunciado el Constitucional.

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