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La crisis retrasa la ampliación del Senado, pese a que no cuenta con despachos suficientes para los parlamentarios

Si la falta de acuerdo entre los partidos políticos impide la reforma de las funciones del Senado, la crisis económica ha paralizado la ampliación material de la Cámara, que desde 2007 cuenta con un edificio próximo adquirido con esta intención, el Convento de las Reparadoras, pero sin presupuesto para las obras.
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Este miércoles se ha reunido por primera vez la nueva Mesa del Senado, presidida por Pío García-Escudero, y en la que se han aprobado asuntos de trámite entre una legislatura y la siguiente. Según ha explicado el vicepresidente primero, Juan José Lucas, uno de los problemas de la nueva legislatura es que de nuevo no habrá suficientes despachos para los 266 senadores, una situación que se repite desde hace años y que se agrava al ir creciendo el número de miembros de la Cámara.

Lucas ha asegurado que la obra de reforma del nuevo edificio "no se hará con carácter inmediato" visto que el Senado va a prorrogar los presupuestos de 2011 y que los de 2012, cuando se elaboren, serán previsiblemente más austeros.

La Mesa, por lo demás, ha aprobado el estatuto del ex presidente del Senado, Javier Rojo, a quien además del reconocimiento por el trabajo que ha realizado al frente de la institución le corresponde una pensión indemnizatoria de 24 meses y mantener un tiempo los servicios de seguridad de la Cámara. También se va a solicitar al Gobierno que conceda a los miembros de la Mesa del Senado de la novena legislatura las condecoraciones que habitualmente se les conceden por su labor.

UNA LARGA BÚSQUEDA

Tras varios años buscando un edificio hacia el que poder extenderse, el Senado se hizo con el vecino Convento de la calle Torija, antigua sede del Consejo de la Suprema Inquisición. La compra, a cargo de Patrimonio del Estado, se cerró por 36 millones de euros.

La adquisición fue fruto de un largo proceso de negociación y de trámites entre el Senado, la congregación de religiosas que vivía en el convento, el Ministerio de Economía y Hacienda y el propio Vaticano, que tuvo que dar el visto bueno a la operación al ser el edificio un bien de la Iglesia Católica, según explicaron en su día a Europa Press fuentes de la Cámara Alta.

El convento tiene su entrada principal en la calle Torija, en el número 12. Allí se levantó en 1735 un edificio del arquitecto Ventura Rodríguez destinado a ser la sede del Consejo de la Suprema Inquisición, institución ya en declive aunque no fue sin embargo abolida hasta bien avanzado el siglo XIX. Es un caserón de ladrillo rojo y piedra de cantería de tres pisos de altura.

El Consejo de la Suprema era el máximo órgano de la Inquisición y estaba presidido por el Inquisidor General. Sus funciones eran revisar las vistas y causas, ordenar inspecciones, dar instrucciones a los tribunales y actuar como uno de ellos para juzgar a los miembros del Santo Oficio.

Tras la abolición de la institución, el edificio pasó a ser sede del Ministerio de Fomento, luego fue transformado en hotel y después, en imprenta, hasta que en 1897 se convirtió en el convento de las Reparadoras, que han permanecido en él hasta ahora.

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