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Administradores de Fincas

Los Administradores reclaman que se les incluya dentro del catálogo de profesiones colegiadas

El ejercicio de la Administración de Fincas cumple con todos los requistitos exigidos por la Ley de Servicios y Colegios Profesionales.

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El Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas ha presentado en el Consejo de Estado las alegaciones sobre el Anteproyecto de Ley de Servicios y Colegios Profesionales, solicitando que el ejercicio de la profesión de Administrador quede incorporada al catálogo de profesiones colegiadas que contiene la disposición adicional primera.

Las razones que justifican esta petición se fundamentan en que el ejercicio de la Administración de Fincas cumple con todas las condiciones que el Anteproyecto describe como necesarias para que una profesión sea considerada de Colegiación Obligatoria.

Los Administradores de Fincas colegiados consideran que existen razones de interés general, como la protección del medioambiente y el entorno urbano, que no pueden quedar garantizadas sin la actuación profesional del Administrador, que es quien gestiona el 80% del parque total de viviendas en España, garantizando el mantenimiento, buen uso y conservación de la vivienda y su patrimoio inmobiliario.

La seguridad del inmueble no está solo en su proyección y construcción, sino a lo largo de toda la vida del edificio y muy especialmente en su conservación y mantenimiento, uno de los objetivos de la actividad de los Administradores de Fincas Colegiados y que justificarían, por sí solas, la colegiación obligatoria de esta actvidad profesional.

Funciones profesionales que exigen colegiación obligatoria

Los Administradores de Fincas Colegiados tienen atribuidos un conjunto de funciones que les otorgan un papel vertebral en la ordenación de la política de vivienda en España y en el ejercicio del derecho constitucional a la vivienda por los ciudadanos en condiciones de seguridad, que hacen necesaria la colegiación.

Dichas funciones son:

1.- La garantía de la seguridad jurídica en la organización de las comunidades de propietarios, en las que habita el 80 % de los ciudadanos españoles.

2,. La gestión económica integral de los recursos presupuestarios.

3.- La conservación y mantenimiento del patrimonio inmobiliario español y de vivienda de los ciudadanos.

4.- La garantía del desarrollo y adecuada aplicación de las políticas de vivienda y de las políticas sociales definidas por la normativa vigente y por la acción de las Administraciones Públicas.


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