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TASAS JUDICIALES

Los abogados respaldan el recurso de la Junta contra las tasas al limitar el acceso a la Justicia y ser "inadmisibles"

El Consejo Andaluz de Colegios de Abogados ha expresado su respaldo total al recurso que la Junta de Andalucía interpondrá ante el Tribunal Constitucional (TC) contra la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, que regula la tasas judiciales y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, pues "limita el acceso a la Justicia de los ciudadanos con menos recursos económicos".

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Emilio de Llera Emilio de Llera

En una carta remitida al consejero de Justicia e Interior, Emilio de Llera, y consultada por Europa Press, el Consejo Andaluz de Colegios de Abogados traslada su "felicitación" por la iniciativa de la Junta, todo ello después de que el Consejo de Gobierno autorizase la interposición del recurso de inconstitucionalidad.

En la carta, el Consejo recuerda que tanto el Consejo Andaluz como los distintos colegios de abogados "han venido manifestando reiteradamente su rechazo y oposición" a la Ley de Tasas, pues "vulnera" el derecho de todos los ciudadanos a la tutela judicial efectiva consagrado en la Constitución Española y "limita el acceso a la Justicia de los ciudadanos con menos recursos económicos".

Por este motivo, las tasas "provocan situaciones de desigualdad en perjuicio de los más desfavorecidos, con importantes consecuencias negativas en la actual coyuntura económica", por todo lo cual el Consejo "se congratula de esta iniciativa del Gobierno autonómico" y le traslada "la disposición a colaborar en cuanto pueda resultar necesario o de utilidad para su ejecución".

El portavoz del Consejo Andaluz y decano del Colegio de Abogados de Sevilla, José Joaquín Gallardo, ha manifestado a Europa Press que la decisión de recurrir anunciada por la Junta "satisface plenamente el deseo" tanto del Consejo Andaluz como de los 11 colegios de abogados "de que se someta al control del Tribunal Constitucional un texto legislativo que conculca grave, manifiesta y palmariamente" los principios constitucionales "de acceso de los ciudadanos a la Justicia y el derecho de todos a obtener una tutela judicial efectiva".

Al hilo de ello, ha recordado que todos los colegios andaluces y el resto de la abogacía institucional española "se han movilizado en reiteradas ocasiones frente a esta Ley, que es inadmisible", ya que "discrimina a los ciudadanos por razón de su capacidad económica, pues serán millones de españoles de la clase media los que vean dificultado o impedido el derecho a acudir a los tribunales y juzgados para defender sus pretensiones y obtener protección jurisdiccional".

Ha añadido que, desde la entrada en vigor de la Ley de Tasas, "ya se han constatado múltiples asuntos en los que la exigencia económica de la tasa ha impedido a los ciudadanos defender sus derechos, o que han obstaculizado gravemente el derecho a recurrir resoluciones ante órganos superiores", lo que supone "la constatación de que la Ley supone un importante obstáculo para el acceso de todos a la Justicia".

El Consejo y el Gobierno autorizan la presentación del recurso

Y es que el Consejo de Gobierno autorizó la interposición de un recurso ante el Tribunal Constitucional (TC) contra la Ley de Tasas, según ya explicó el consejero de Justicia e Interior, Emilio de Llera, quien señaló que dicha norma sólo provoca desigualdades y genera un fuerte mecanismo disuasorio para muchos ciudadanos.

En este sentido, el titular de Justicia e Interior manifestó que el Ejecutivo andaluz considera que la Ley de Tasas "supone un ataque directo al derecho a la igualdad y a la tutela judicial efectiva al limitar el acceso a este servicio esencial exclusivamente por cuestiones económicas".

A juicio del Gobierno andaluz, los artículos 1, 2, 3, 4 y 7 de esta norma estatal vulneran el principio de igualdad y el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva reconocidos en la Constitución Española, al ampliar y generalizar el pago por el acceso a la Administración de Justicia "hasta el punto de producir un efecto disuasorio para gran parte de los ciudadanos y para las pequeñas y medianas empresas".

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