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Varios colectivos de Aragón piden derogar la orden de ayudas de comedor por no proteger a la infancia

Varios colectivos presentan una queja formal ante el Justicia de Aragón en la que piden la derogación de la orden que regula las ayudas de comedor escolar por considerar que contraviene la Constitución española.

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Comedor escolar

En rueda de prensa, el presidente de FAPAR, Juan Ballarín, ha expuesto que, "en las actuales circunstancias de crisis económica aguda para numerosas familias", las ayudas de comedor escolar, han de ser directas, "sin concurrencia competitiva", pues "la garantía de los derechos básicos de la infancia, como es la alimentación, no puede quejar sujeta a un régimen de prelación o de mejor derecho".

A este respecto, ha argumentado que el derecho, una vez acreditada la necesidad del menor "es igual en todos los casos" y los poderes públicos "han de asegurarlo", así como atender "las situaciones sobrevenidas" a lo largo del curso, mediante la exención total o parcial del pago del precio público del servicio de comedor escolar.

Estas organizaciones han criticado, por un lado, que el requisito económico indispensable para ser beneficiario de las ayudas está "muy por debajo" del umbral de riesgo de pobreza. La orden señala que para poder acceder a ellas la renta anual disponible de la unidad familiar no debe superar el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), fijado en 6.390,13 euros anuales, es decir, 532,51 euros al mes.

Sin embargo, según los datos del Instituto Aragonés de Estadística de 2011, el umbral de riesgo de pobreza estaría en los 8.637 euros para un hogar compuesto por un adulto y en los 18.137 en el caso de un hogar de dos adultos y dos menores de 14 años.

Además, para el cálculo de la renta anual disponible se tiene en cuenta el IRPF de 2011, cuando "la situación económica puede no corresponderse en junio de 2013" con la que había hace dos años, por lo que estas organizaciones han pedido que se permita acreditar la situación actual "en caso de haberse modificado significativamente" las circunstancias respecto a hace dos años.

Otras restricciones

La queja presentada por estas organizaciones resalta otros criterios "que acentúan lo restrictivo de sus bases" o que "generan situaciones de desigualdad", como no contemplar la ayuda para los meses de junio y septiembre, "ni haya previsión alguna para atender la necesidad de los menores durante los meses de vacaciones escolares, como se ha hecho en otras Comunidades autónomas".

Además, "no se contempla que la ayuda cubra la totalidad del coste del servicio", lo que hace que quien no pueda completarlo con recursos propios, "tampoco pueda asumir la ayuda", mientras que "quedan fuera los menores inmigrantes que viven en familias en situación irregular", al reclamarse la presentación del NIF o NIE de todos los miembros de la unidad familiar para optar a la ayuda.

A su entender, "no debería requerirse más documentación que la que se pide para la incorporación a la plaza escolar" puesto que el servicio de comedor "es una prolongación o complemento de la propia actividad escolar".

Circunstancias no contempladas

Estas organizaciones esgrimen, asimismo, que la orden prioriza a las familias perceptoras del Ingreso Aragonés de Inserción (IAI) y las familias numerosas de categoría general o especial, cuando "existen otras circunstancias similares" a recibir el IAI "que no se contemplan", como percibir la Renta Básica de Inserción o la prestación del Plan Prepara.

Asimismo, "no se consideran otras estructuras familiares vinculadas a la situación de pobreza infantil, como las familias monoparentales", ni se hace alusión a los menores hijos de mujeres víctimas de violencia de género en situación de dificultad económica.

Respecto al IAI, estas organizaciones han advertido de que se debe justificar con la presentación de la copia de la resolución de la concesión, cuando "muchas familias están en proceso de tramitación y sufren demoras" en su obtención "por la falta de crédito presupuestario" por parte del Gobierno, situación que se debería tener en cuenta.

Igualmente, han estimado que es una "traba añadida" que la solicitud deba hacerse por vía telemática puesto que por las condiciones materiales de las familias que piden la ayuda, pueden no tener facilidad para realizarla por este procedimiento, además de considerar "insuficiente" el plazo de 15 días y rechazar que no se atiendan las situaciones sobrevenidas posteriores a ese periodo.

Ordenamiento jurídico

La queja afirma que la orden de ayudas de comedor "no se ajusta a los instrumentos internacionales y normas del ordenamiento jurídico de protección de los derechos de la infancia y la familia" y desglosa documentos de Naciones Unidas, la Unión Europea, el Consejo de Europa, así como artículos de la Constitución española, la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor, del Estatuto de Autonomía y de la ley de infancia y adolescencia de Aragón.

Para estas organizaciones, la orden "no resulta conforme" a esta legislación y no garantiza "el aseguramiento de las necesidades de nutrición de la población infantil, a través de medidas compensatorias promovidas por los poderes públicos a favor de los padres o tutores legales", según prevé la citada normativa.

Además, han subrayado que la orden supone que "no solo haya familias que quedan excluidas del acceso a las ayudas, a pesar de contar con unos recursos que los sitúan en un nivel objetivo de pobreza, sino que son numerosas las previsiones de la convocatoria o bases reguladoras que resultan inadecuadas" porque "impiden el acceso a beneficiarios con mayor derecho o necesidad al apoyo económico que representa la ayuda".

Las organizaciones que han presentado la queja, además de pedir la derogación de la orden, solicitan un sistema de ayudas que le sustituya, que haga posible sufragar los gastos del servicio de comedor de los alumnos "en coherencia con los derechos de protección de la infancia y la familia", contando "con una dotación presupuestaria suficiente".

La necesidad de las familias es alta

El presidente de FAPAR ha remarcado que "la necesidad de las familias es muy alta", como lo demuestra el hecho de que en la actual convocatoria se ha exigido una renta cuatro veces inferior respecto al curso pasado, pero "el descenso de solicitudes ha sido mínimo" ya que han pasado "de las 20.000 del año anterior a las 18.800 de este".

Por otra parte, ha criticado que "se hayan denegado provisionalmente" 14.476 peticiones, el 77 por ciento, y ha alertado de que el 52 por ciento de las familias que han pedido esta ayuda están declarando una renta inferior a los mil euros.

Ballarín ha agregado que de las familias peticionarias, el 17 por ciento son numerosas, con renta cero y sin percibir el IAI, por lo que "estamos ante un problema muy serio, que se debe afrontar de manera más clara y dejar de mirar para otro lado porque si alguien sufrimos las crisis somos las familias, que somos quienes necesitamos las ayudas".

Igualmente, ha recordado que su organización y familias individuales han presentado un recurso de reposición a la orden y no ha descartado acudir a la vía contencioso-administrativa, si bien van a esperar a la respuesta del Justicia de Aragón.

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