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Economía

Valeriano Gómez no logra nuevos apoyos a la reforma pese a prometer que las pensiones se triplicarán en 2050

El ministro defiende que la entrega de los hospitales a las CC.AA. resuelve de manera "ordenada" una "anomalía"
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El ministro de Trabajo e Inmigración, Valeriano Gómez, ha defendido este jueves en el Pleno del Congreso de los Diputados que el proyecto de ley de modernización del sistema de la Seguridad Social no supone "ningún recorte" de las pensiones y ha garantizado que las prestaciones serán más altas en 2027, cuando entre plenamente en vigor el retraso de la jubilación hasta los 67 años y el aumento a 25 años del periodo de cálculo, que a día de hoy.

Es más, según sus cálculos, más adelante, a partir de 2040 o 2050, las pensiones seguramente se "triplicarán e incluso más", pese a que habrá 18 millones de pensionistas.

Aun así, estos argumentos no han convencido a ninguno de los portavoces de la oposición, salvo al de CiU, Carles Campuzano. PP, PNV, ERC, IU, ICV, BNG y UPyD han cumplido con el guión previsto y han rechazado dar apoyo a una norma que consideran lesiva para los derechos de los trabajadores y futuros pensionistas.

Gómez ha intervenido ante el hemiciclo para destacar la "trascendencia" de la norma y ha agradecido a todos los grupos parlamentarios su trabajo y el "buen clima" generado durante la negociación de una norma que viene "legitimada" tanto por el Pacto del Toledo como por el acuerdo entre patronal y sindicatos del pasado mes de febrero para eliminar el "riesgo de desequilibrio financiero" a medio y largo plazo y "apuntalar el Estado del Bienestar".

Campuzano, ha aprovechado su intervención para reivindicar la validez del Pacto de Toledo y del diálogo social, por lo que ha alabado el "ejercicio de responsabilidad de los sindicatos", ante el que CiU a querido "comprometerse" por "responsabilidad" en una reforma que "no es fácil, pero sí estrictamente necesaria" ante el envejecimiento de la población.

Además, ha reivindicado los logros alcanzados por su formación en negociación con el Gobierno y el PSOE, como el incremento de la pensión de viudedad, la cotización de los autónomos o incrementando el periodo de cotización para el cuidad de los hijos, o las pensiones de las personas con discapacidad, así como el traspaso de inmuebles de la Seguridad Social. "Esta Cámara ha mejorado la reforma y CiU se siente satisfecha", ha remarcado.

GÓMEZ DEFIENDE EL ACUERDO CON CIU.

Sin embargo, el 'popular' Tomás Burgos ha recalcado que la norma llega sin acuerdo con el primer partido de la oposición, que no apoya el proyecto porque recorta los derechos y baja las pensiones, mientras el Gobierno ha "pagado a precio de oro el kilo de disposición adicional" pactada con CiU para lograr una "mayoría exigua", elevando las disposiciones adicionales del texto "de 14 a 52".

Asimismo, ha denunciado que no consolida el sistema de Seguridad Social. "Todo el esfuerzo se centra en el ciudadano", ha denunciado Burgos, para quien "este proyecto acaba con el desmantelamiento del patrimonio acumulado durante décadas por los trabajadores" y cierra la legislatura. "No prolonguen más con la legislatura", ha denunciado.

Gómez ha defendido en este punto que la ley resuelve con "orden y rigor" las "anomalía" de que los inmuebles en los que se ubican hospitales que gestionan las comunidades autónomas sean propiedad de la Seguridad Social, y ha recordado que el PP hizo algo parecido con las oficinas del INEM "también pagadas con cotizaciones de los trabajadores".

EL PNV TAMPOCO LO APOYA.

El diputado del PNV Emilio Olabarria ha denunciado que la ley se ha tramitado "de forma poco decorosa" sin pasar por el Pleno ni del Congreso ni del Senado hasta el último momento, y se basa en el "error" de una "prolongación abrupta" de la edad de jubilación que ,a su juicio, contradice la doctrina del Tribunal Constitucional.

Además, ha reprochado que no de entrada a las comunidades en la futura Agencia de la Seguridad Social. "La ley no es correcta y no es la que esperaba de una persona como usted, ha espetado a Valeriano Gómez.

ERC RECHAZA EL DOGMA DEMOGRÁFICO.

El portavoz de ERC, Joan Tardá, ha asegurado que la reforma abre la puerta a la precarización y la división de la sociedad española porque el Gobierno se ha acogido únicamente al "dogma demográfico" y ha cerrado su intervención llamando a la movilización ciudadano para convertir esta "derrota parlamentaria" en un "victoria" que obligue al Gobierno a rectificar.

Su compañero de grupo parlamentario y diputado de IU, Gaspar Llamazares, ha lamentado la "negra página" que se escribe con esta nueva ley, que incluye el "retroceso histórico" y "fraude programático" de los partidos que no incluyeron esto en las elecciones y ante el "golpe de mercados", que son "insaciable". "No podemos hacer aquello de todo por la deuda porque terminamos muy mal", ha lamentado.

La representante del BNG, Olaia Fernández Davila, ha reiterado su reproche a una reforma que el Gobierno ha lanzado, a su juicio, al dictado del "rugido felino de los mercados" que, sin embargo, no ha amainado pese a las medidas de los Gobiernos europeos, que no se ahn atrevido a actuar contra la especulación financiera que hace daño a la economía e incluso a la democracia.

La diputad de UPyD, Rosa Díez, ha señalado que se trata de una norma "injusta, inútil" y "alicorta" en su alcance que supone un "mero placebo" para los mercados y que, tras su tramitación parlamentaria y como consecuencia de la negociación con CiU, tiene "mucho de lobby y poco de reforma global".

CALDERA NO INTERVIENE.

El portavoz en la negociación designado por el PSOE, el ex ministro de Trabajo Jesús Caldera, no ha tomado la palabra, pese a ser el último debate de la norma, y en su lugar lo ha hecho la ponente de la norma, Isabel López i Chamosa, quien ha reprochado a las formaciones de izquierdas que se crean "más representativas" de la norma que los propios sindicatos, que avalan la reforma.

"Dentro de dos años me dirán que ha sido muy buena reforma" ha asegurado, reprochando también al PP que piensen más en los intereses de partido que en el del Estado, y que la Seguridad Social siga siendo viable y las reformas de las pensiones estén garantizadas. "Son la derecha rancia que no soportan que el Gobierno esté en manos de la izquierda", ha señalado.

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