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LEY DE SERVICIOS PROFESIONALES

Unión Profesional insiste en la independencia de las organizaciones colegiales

El 18 de enero concluyó el plazo de audiencia pública para la entrega de alegaciones al Anteproyecto de Ley de Servicios y Colegios Profesionales, antes de la emisión de su dictamen.

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Unión Profesional, organización que agrupa a las profesiones colegiadas españolas, ha puesto de manifiesto las cuestiones del anteproyecto que podrían tener graves consecuencias para la ciudadanía. Para UP, la colegiación se configura como el instrumento más adecuado para velar por la buena práctica profesional.

Esta organización defiende la necesidad de mantener la colegiación en todas aquellas profesiones cuyo ejercicio afecte a la salud, la seguridad, el patrimonio, los bienes, los servicios generales o el medio ambiente. En el caso de las profesiones sanitarias se ha recogido la colegiación de la profesión cualquiera que fuese su actividad o forma de ejercicio. En lo referente a las profesiones jurídicas (a excepción de notarios y registradores), ingenierías, arquitecturas y tecno-científicas, la colegiación se ha establecido por actividades (y, por tanto, parcial) debiendo ser, sin embargo, con carácter unitario para todo el ejercicio que suponga un acto profesional. Además, desde UP se ha señalado la necesidad de contemplar el requisito de colegiación  para los economistas y titulados mercantiles, actuarios, trabajadores y educadores sociales, gestores administrativos, agentes de la propiedad inmobiliaria, administradores de fincas, agentes de la propiedad industrial o licenciados en Educación Física.

Se considera que la colegiación debería efectuarse en el colegio donde resida el domicilio habitual del profesional, como sucede en la actualidad. La libre elección de colegio conllevaría un perjuicio para los derechos de los usuarios, especialmente en los actos asistenciales y directos.

Otro de los ejes de las alegaciones gira en torno a la necesaria autorregulación que deben mantener las corporaciones colegiales para poder cumplir las funciones públicas que tienen encomendadas con la mayor independencia.

Según UP, resultaría más ajustado a la técnica legal y a la realidad que el Anteproyecto de Ley recogiera unos criterios de composición de las cuotas como reparto de costes del ejercicio de las funciones obligatorias de los colegios, tanto en la incorporación a la profesión como en las cuotas periódicas, siempre que se justifiquen adecuadamente para que sean aprobados en el presupuesto anual y, en todo caso, susceptibles de ser revisadas.

Por último, Unión Profesional ha propuesto la creación de una Comisión Consultiva de las Profesiones de carácter mixto y paritario, formada por representantes de los Ministerios de adscripción de las diferentes profesiones colegiadas y las organizaciones interprofesionales representativas de ámbito nacional. Sus funciones podrían consistir en la emisión de informes sobre normativa que afecte al conjunto de las profesiones así como el desarrollo de la representación y coordinación de las diferentes organizaciones colegiales tanto en el ámbito estatal como ante las instituciones de la Unión Europea.

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