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Justicia

La Unión Europea debate el establecimiento de una Fiscalía Europea

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, defiende que la Fiscalía Europea se someta al control judicial de cada Estado.

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Tribunal de Justicia de la Unión Europea

Los ministros de Justicia e Interior de la Unión Europea han debatido la propuesta de  Reglamento del Consejo relativa al establecimiento de una Fiscalía Europea destinada a combatir las infracciones contra los intereses financieros de la Unión. Un estudio de impacto realizado por la Comisión Europea calcula que en los últimos tres años se ha registrado un fraude de unos 500 millones de euros en este ámbito.

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha manifestado su compromiso con la creación de una Fiscalía Europea, que se someta al control judicial que se establezca por cada legislación nacional no sólo en el caso de diligencias de investigación sino también para acordar archivos o conformidades.

De esta forma no se alterarán las competencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, porque, a juicio de España, no tendría sentido implicarle en el control de las decisiones operativas de la Fiscalía. Ruiz-Gallardón señaló en este sentido que hacerlo no ayudaría a la eficacia de las investigaciones, ni añadiría salvaguarda adicional para los sospechosos en manos del órgano judicial nacional.

La Fiscalía Europea constituye un órgano de la Unión cuya actuación revestirá importancia principalmente en los ordenamientos jurídicos nacionales. Por este motivo, conviene considerar a la Fiscalía Europea como autoridad nacional a efectos del control jurisdiccional de sus actuaciones de investigación e incoación de procedimientos penales. Por tanto, los órganos jurisdiccionales nacionales deben disponer del control jurisdiccional de todas las actuaciones de investigación e incoación de procedimientos penales impugnables que haya emprendido la Fiscalía Europea.

La constitución de esta Fiscalía Europea representa un nivel superior de integración en relación a las vías hasta ahora existentes, como son el reconocimiento mutuo de resoluciones, la cooperación judicial entre Estados miembros o la armonización de infracciones y sanciones. Por ello, tanto la atribución de competencias exclusivas a la Fiscalía Europea sobre delitos financieros como las posibles competencias sobre delitos conexos a estos son especialmente complicadas, como lo son también las cuestiones que pudieran afectar a las reglas de jurisdicción nacionales.

Frente a un modelo personalizado en un Fiscal Europeo -que nombraría el Consejo con el consentimiento del Parlamento Europeo-, propuesto por la Comisión Europea, un grupo de diez países miembros, entre los que se encuentra España, defendió una estructura central colegiada, combinada con una máxima descentralización para el ejercicio de la mayoría de las competencias operativas por los Fiscales Europeos Delegados ubicados en cada Estado miembro.

De este modo las actividades de investigación, la adopción de medidas urgentes, las transacciones y los recursos ante los tribunales nacionales recaerán de modo ordinario sobre los Fiscales Europeos Delegados. Según el modelo propuesto por la Comisión, el nivel central podría tener competencias de supervisión e incluso dar instrucciones en determinados casos a los Fiscales Europeos Delegados, así como la posibilidad de decidir sobre la jurisdicción nacional donde presentar un caso o acordar el archivo definitivo de las actuaciones.

 

 

 

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