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LEY SERVICIOS PROFESIONALES

Unión Profesional remite sus alegaciones al Anteproyecto de Servicios Profesionales

El presidente de Unión Profesional, Carlos Carnicer, afirma que la supresión de la colegiación en algunas profesiones podría suponer una reducción del PIB de 3.300 millones de euros.

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Carlos Carnicer Carlos Carnicer

Finalizado el plazo establecido por el Gobierno para la remisión de las alegaciones al Anteproyecto de Ley de Servicios y Colegios Profesionales aprobado el 2 de agosto en Consejo de Ministros, Unión Profesional (UP), ha enviado al Ministerio de Economía y Competitividad su documento común de alegaciones donde se recogen las principales inquietudes del sector con respecto al texto aprobado en el que, según ha reiterado Carlos Carnicer, presidente de UP, "no se han tenido en cuenta las consecuencias que la liberalización de los servicios profesionales tiene en la defensa de los derechos de los ciudadanos".

Carnicer ha destacado que "se trata de un sector de dinámica diferente a otros mercados por lo que no tenerlo en cuenta lleva a un planteamiento de base errónea". El documento de alegaciones de UP gira en torno a tres cuestiones esenciales para el sector colegial: la colegiación, la autorregulación y la interlocución.

"Reducción en el PIB de 3.317 millones de euros"

En relación con la colegiación, las profesiones agrupadas en Unión Profesional ponen de manifiesto los impactos económicos y sociales que se producirán por la apertura de los campos de ejercicio profesional a operadores que no estén bajo una sujeción de normas mínimas de comportamiento en garantía de los derechos de consumidores y usuarios.

De ahí la necesidad de mantener la colegiación en todas aquellas profesiones cuyo ejercicio afecte a la salud, la seguridad, el patrimonio, los bienes, los servicios generales o el medio ambiente, como son las sanitarias, las jurídicas o las técnicas (en su más amplio ejercicio), pero también los psicólogos, geólogos, químicos, físicos, economistas, actuarios, trabajadores y educadores sociales, gestores administrativos, agentes de la propiedad inmobiliaria, administradores de fincas, agentes de la propiedad industrial o licenciados en Educación Física.

Al tratarse de bienes de confianza, según Unión Profesional, la dificultad de poder comprobar la calidad de los servicios profesionales (gracias a la garantía que ofrece la colegiación) supondrá un significativo impacto en términos económicos.

Según un estudio realizado por Unión Profesional, se calcula que la falta de control al suprimir la colegiación de 616.000 profesionales que serían los afectados por el texto podría suponer una reducción en el PIB de 3.317 millones de euros en cinco años, resultado de la afectación principal en consumo e inversión.

No hay garantía de independencia

En lo que a la autorregulación respecta, UP ha resaltado el hecho de que las corporaciones colegiales tienen funciones públicas encomendadas por la ley con el fin de garantizar su independencia.

En este sentido, la función de control que se otorga a las Administraciones Públicas supone una injerencia en estas organizaciones de la sociedad civil, convirtiéndolas en un órgano administrativo inferior y subordinado al correspondiente Departamento o Ministerio y quebrando su imprescindible independencia.

En las alegaciones, UP también resalta la especial gravedad que supone la inclusión del código deontológico en los Estatutos Generales que deberán ser aprobados por el Gobierno. "Rompe totalmente con la autonomía, independencia e imparcialidad esencial de los colegios profesionales, otorgando al Ejecutivo una función de fiscalización y apoderamiento", señala.

Por último, desde UP también se destaca la necesidad de que se establezca una interlocución del Gobierno con el subsector de los servicios profesionales, y sus organizaciones colegiales, real y efectiva para el "mejor y más eficiente funcionamiento del sistema democrático".

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