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Los Tribunales Económico-Administrativos recibieron 221.830 reclamaciones y resolvieron el 85% en 2012

El Gobierno reconoce que desde el inicio de la crisis se ha producido una "creciente y masiva entrada de reclamaciones".

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Facturas, papeleo, administrativo

Los Tribunales Económico-Administrativos españoles (tanto el central como los de ámbito regional y local) recibieron el año pasado un total de 221.830 reclamaciones, de las cuales resolvieron el 84,85%, es decir, 188.197 expedientes.

Así consta en el Informe sobre el Funcionamiento de los Servicios Públicos Estatales y su Evaluación Global en 2012 que ha publicado el Ministerio de Hacienda y que recoge Europa Press. Según el documento, el tribunal central abrió el año pasado 8.477 expedientes y emitió 5.084 resoluciones, lo que supone casi un 60% de efectividad.

Por su parte, los organismos regionales y locales dieron entrada a 213.353 reclamaciones, lo que supone un incremento del 1,78% respecto a 2011 y del 11,1% respecto a 2010. Su ratio de resolución (85,82%) fue muy superior a la de la oficina central al haber cerrado 183.113 de las reclamaciones.

Por comunidades autónomas, el mayor número de entradas se registraron en Andalucía (43.902), la Comunidad de Madrid (34.340) y la Comunidad Valenciana (29.591), mientras que los tribunales con menos actividad fueron los de Ceuta (192), Melilla (235) y La Rioja (1.324). No obstante, las mejores ratios de resolución las registraron Andalucía (95%), Canarias (93%) y Valencia (92%), y las peores fueron las de Castilla-La Mancha (57%), Cantabria (59%) y Baleares y Navarra (74%, respectivamente).

Caso particular es el de Castilla y León, cuya tasa de resolución fue del 104% al cerrar 9.885 expedientes pese a haber recibido 9.491 entradas. En el informe no se precisa esta peculiaridad.

Funciones de los tribunales

Los Tribunales Económico-Administrativos se encargan principalmente de revisar los actos dictados en materia tributaria por las administraciones públicas, aunque entre sus funciones también se cuentan dirimir asuntos relacionados con el reconocimiento y pago de los derechos pasivos de los funcionarios y de las pensiones competencia de Hacienda.

Según reconoce el Ministerio en el informe, las cifras de actividad registradas en los últimos tres ejercicios por estos organismos "reflejan un importante incremento frente a la media de los últimos cinco años en el rendimiento de los tribunales y el esfuerzo que, con los escasos medios de que disponen, han realizado para tratar de absorber la creciente y masiva entrada de reclamaciones que se han venido produciendo".

Por su parte, el Catastro, que entre otras cosas se encarga de inspeccionar el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) y de redactar las ponencias de valores catastrales, realizó el año pasado 3,6 millones de declaraciones, 977.944 comunicaciones a notarios, registradores y ayuntamientos; 106.549 solicitudes, 121.746 recursos de reposición, 13.310 reclamaciones económico-administrativas, 726.100 rectificaciones de errores, 10.817 ejecuciones de resoluciones y sentencias, 704 quejas informadas ante el Consejo de Defensa del Contribuyente.

Además, tramitó 26,67 millones de actuaciones de comprobación y 86.516 de inspección, emitió 36.209 informes, 143.100 certificaciones de información, 4,14 millones de certificaciones en sede electrónica, 1,58 millones de consultas en Línea Directa Catastro, 8.429 actuaciones de mantenimiento y mejora de las bases de datos, 544 expedientes derivados de procedimientos de valoración colectiva, 3,14 millones de notificaciones individuales y electrónicas y 39.613 tasas de acreditación catastral.

MUFACE

Por último, en el informe se hace balance también de la actividad en 2012 de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (MUFACE), que gestiona las prestaciones del régimen del mutualismo administrativo de 1,54 millones de funcionarios civiles en relación con contingencias de asistencia sanitaria, prestación farmacéutica, incapacidad temporal y otras prestaciones sociales como situaciones de dependencias o atención a mayores.

La asistencia sanitaria de facilita a través de entidades privadas de seguro concertadas y a través de los Servicios Públicos de Salud de las comunidades autónomas y del INGESA en el caso de Ceuta y Melilla. Para realizar estas funciones, MUFACE cuenta con 60 unidades de atención al público y de gestión presenciales, que el año pasado efectuaron 2,18 millones de actividades.

En primer lugar, se tramitaron 500.319 expedientes de prestaciones de pago único o periódico en todas las modalidades sanitarias y sociales cubiertas por las mutualidades, la mayoría de ellos en Andalucía (106.912), la Comunidad de Madrid (82.597) y Castilla y León (45.077).

Además, se entregaron 744.748 talonarios y 587.499 visados de farmacia, y se realizaron 345.988 acciones de movimiento colectivo, es decir, altas, bajas y modificaciones de mutualistas y beneficiarios, así como cualquier otro cambio de situación o de datos.

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