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LEY DE TRANSPARENCIA

El Tribunal de Cuentas apuesta por aplicar la transparencia a partidos y sindicatos pero en sus leyes específicas

La institución promete aprobar este año cuatro informes anuales de fiscalización de partidos políticos para ponerse al día.

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El presidente del Tribunal de Cuentas, Ramón Álvarez de Miranda, se ha mostrado partidario de aplicar el espíritu de la Ley de Transparencia a los partidos políticos, los sindicatos, las organizaciones empresariales, las ONG y a toda entidad privada que reciba importantes cantidades de dinero público y cuya labor tenga trascendencia pública y social, pero ha recomendado que se haga a través de sus correspondientes leyes específicas en lugar de incluir esas entidades particulares en el proyecto de ley que se refiere al sector público. Ante la Comisión Constitucional del Congreso, Álvarez de Miranda ha expresado una valoración "muy positiva" del proyecto de ley del Gobierno destacando que "suple una de las carencias más significativas" del ordenamiento jurídico y que su aplicación "supondrá un avance decisivo en la configuración de unos poderes públicos modernos".

No obstante, ha pedido que el espíritu de la ley de transparencia alcance a "las entidades de naturaleza privada que reciban significativas volúmenes de fondos públicos y cuya actividad tenga interés público o repercusión social".

A instancias de los grupos parlamentarios, ha precisado que en ese marco se encuadran tanto los partidos políticos y sus fundaciones como los sindicatos, las organizaciones empresariales y hasta las organizaciones no gubernamentales (ONG).

"Debería considerarse la oportunidad de incrementar el nivel de transparencia de su gestión", ha apuntado, aunque es más partidario de hacerlo a través de su normativa específica en lugar de incluirlos expresamente en esta ley de Transparencia.

En su opinión, incluir esas entidades privadas en el proyecto de ley remitido por el Gobierno, que está pensada para el sector público, presentaría "graves dudas de aplicación", por lo que considera "más razonable" que la obligación de transparencia se incluya en sus propias leyes, obligándoles a dar más información en sus páginas web.

Los avances de la última reforma de partidos

En respuesta al PP, el presidente del Tribunal de Cuentas ha elogiado la última reforma de la Ley de Financiación de Partidos Políticos, aprobada el pasado diciembre y que entre otras cosas obliga a los partidos y sus fundaciones a publicar sus cuentas y sus deudas. A su juicio, facilitará la labor de fiscalización y permitirá sortear la negativa del Banco de España a informar de los créditos de los partidos con entidades financieras.

Tras admitir que el Tribunal de Cuentas lleva retraso en la aprobación de los informes anuales de fiscalización de la contabilidad de los partidos políticos, pues el último se aprobó el pasado año y se refería a 2007, Álvarez de Miranda ha prometido remitir antes de fin de año hasta cuatro informes (2008, 2009, 2010 y 2011): el primero estará en mayo y los demás en octubre o noviembre.

Es más, si ven que no pueden cumplir esa promesa, el actual Consejo de la institución se ha comprometido a incrementar más las dotaciones de medios de los equipos de fiscalización para hacerlo posible.

En declaraciones a los periodistas, Álvarez de Miranda ha reconocido que el área de fiscalización de partidos políticos tenía una dotación "insuficiente" y que sus medios se han duplicado para ponerse al día. Ahora el Tribunal tiene medios suficientes para cumplir su "misión" de investigar con celeridad las cuentas de los partidos, ha añadido, y si no fuera así cuenta con la capacidad para medir medios adicionales.

Para el presidente del Tribunal, "la fiscalización de lo que no es oficial no se conoce" y su objetivo es contar con "los medios suficientes para contrastar la información que dan los partidos o cualquier fiscalizado con otros medios de prueba o con otros medios aportados por diferentes terceros que estén obligados a prestar esta información para detectar la existencia de incoherencias en la información que se presenta".

Aunque la última ley ha mejorado su capacidad de maniobra, ha insistido en la conveniencia de contar con mecanismos para que el Tribunal de Cuentas cuente con datos de la Agencia Tributaria y de la Seguridad Social para comprobar sus fiscalizaciones.

"A todos nos sorprenden y alarman los casos de corrupción, pero al mismo tiempo nos tranquiliza saber que la fiscalía y los poderes públicos están actuando ante esta situación --ha dicho a los periodistas--. Entre todos tenemos que hacer lo necesario para que la nueva ley sea suficiente y se produzca esa regeneración que es una demanda social".

No cabe fiscalizar la Casa del Rey

En cuanto a la Casa del Rey, el presidente del Tribunal de Cuentas ha recordado a IU que la Constitución establece que el Monarca dispone "libremente" de la asignación presupuestaria que le otorga el Estado y que la Jefatura del Estado no está sometida a control del Tribunal de Cuentas pues cuenta con su propio servicio de intervención económica. Según ha dicho, cualquier fiscalización externa no podría hacer una valoración cualitativa porque la distribución se ejerce libremente como así lo reconoce la Constitución.

Por otro lado, Álvarez de Miranda ha elogiado también la "definición más exhaustiva" de la información económica, presupuestaria y estadística sujeta a publicidad, aunque ha pedido añadir "la relativa al cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, mejorando la escasa referencia que contiene el proyecto a la información presupuestaria".

Asimismo, ha agradecido que el incumplimiento del deber de rendición de cuentas pase a considerarse una infracción, pues hasta ahora resulta difícil formular requerimientos y la cuantía de las multas previstas es "claramente insuficiente". pedido ,

Por ultimo, ha recomendado ser "muy cautelosos" con la normativa de protección de datos para evitar conflictos con el acceso a la información y ha cuestionado la parte de "buen Gobierno" del proyecto de ley porque aprecia duplicidades respecto a la legislación en materia de incompatibilidad y conflicto de intereses, así como una técnica legislativa "mejorable".

En ese contexto ha citado el hecho de que sea el Consejo de Ministros el que tenga la competencia para incoar y resolver los procedimientos sancionadores relativos a ministros y secretarios de Estado, pues ha avisado de que "el juego político del Gobierno de turno puede afectar a su independencia en el ejercicio de la potestad sancionadora". Como alternativa apuesta por un órgano independiente o mixto.

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