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El Tribunal de Cuentas carga contra las prejubilaciones de profesores de universidades públicas

Resalta en un informe que en la mayor parte de las universidades la investigación "no goza" de planificación específica
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El Tribunal de Cuentas considera "desprociornada" la financiación de los planes de jubilación anticipada y voluntaria del personal docente de las universidades públicas españolas, cantidades que cifra entre los 200.000 y 300.000 euros, a la vez que se pregunta si el Gobierno, a través del Ministerio de Educación, contó con información sobre estas retribuciones y si efectuó un seguimiento de las mismas.

Así se desprende de un informe elaborado por el Tribunal de Cuentas, al que ha tenido acceso Europa Press, y que ha sido mencionado en la Comisión Mixta (Congreso-Senado) de relaciones con dicho organismo por su presidente, Manuel Núñez.

Núñez ha sacado a colación dicho informe, que ya adelantó Europa Press, en respuesta a la diputada 'popular', María Elena Nevado, quien ha resaltado el caso del ex presidente socialista de Extremadura, Carlos Rodríguez Ibarra, que tras abandonar el Ejecutivo autonómico en 2007 se acogió a este plan de prejubilaciones de la Universidad pública de Extremadura.

Núñez ha especificado así que durante los ejercicios 2007, 2008 y 2009 se acogieron a estos planes de jubilación anticipada voluntaria un total de 1.446 profesores de universidades públicas de toda España, resultando un coste estimado por esos incentivos de 43 millones de euros.

"Que esto sea una mala costumbre o una decisión que no se apoya en un precepto legal, que sea extendida por la universidades no le da ninguna legitimación", ha advertido el presidente del Tribunal de Cuentas en el Congreso.

Un informe elaborado con las CC.AA.

En concreto, esta información se desprende de un informe anual del sector público autonómico que el Tribunal elaboró en colaboración con los órganos de control externo de las comunidades autónomas, y donde se fiscalizó el conjunto de las universidades públicas españolas, referido al ejercicio 2003, y se efectúa un análisis de las jubilaciones anticipadas e incentivos de personal docente e investigador, recordando que el convenio suscrito por, al menos, 33 universidades "carece de fundamento legal suficiente".

Según apunta el documento, que fue aprobado recientemente por el Pleno del Tribunal de Cuentas, a partir de dicha fiscalización se continuaron realizando fiscalizaciones individuales de determinadas universidades, recogiendo el correspondiente informe anual del sector público autonómico una síntesis de los resultados alcanzados en el conjunto de centros universitarios auditados, como ya adelantó Europa Press.

En dicho trabajo se señala, en cuanto al análisis contable, el "escaso rigor" con que se elaboran los presupuestos de los centros universitarios públicos, en muchos de los cuales no se incorporan las previsiones de los proyectos de investigación, así como que las obligaciones del presupuestos de gasto aumentaron entre 2003 y 2007, a una tasa acumulada anual del 7,8 por ciento, mientras que la tasa de evolución de las fuentes de financiación para el mismo periodo fue de un 5 por ciento para la financiación propia y de un 9,6 por ciento para la financiación ajena.

En concreto, cita a su vez que los gastos de personal crecieron en dicho periodo a una tasa acumulada del 6,5 por ciento, equivalente al crecimiento de profesores.

Exceso de títulos oficiales

En estas fiscalizaciones se analizó también la actividad docente, según relata, señalando el "elevado número de titulaciones" que, en algunas universidades, alcanzó los 263 títulos oficiales, así como el exceso de oferta académica, especialmente en la especialidad de Ciencias Sociales y Jurídicas, que como media se cubrió en un 62 por ciento.

Se recoge igualmente la distribución de los créditos impartidos, constatando que el esfuerzo docente se concentraba en Ciencias de la Salud y en Ciencias Sociales y Jurídicas y que los créditos matriculados habían descendido en todos los ciclos.

Es más, resalta el informe que en todas las ramas de enseñanza de las públicas españolas, excepto en Ciencias de la Salud, la media de créditos impartidos por profesor equivalente es inferior a los 24 créditos establecidos en la legislación.

El Tribunal de Cuentas considera por otro lado que las universidades deberían elaborar las relaciones de puestos de trabajo, diferenciando las funciones docentes e investigadoras y controlar la evolución de sus cargas de trabajo.

Por lo que se refiere a la distribución de los alumnos, se cuantifica en 11 alumnos la media por profesor, especificando que en alguna comunidad autónomas el número de titulados había descendido un cinco por ciento en los últimos años.

Finalmente, dedica un capítulo a los resultados obtenidos en el área de investigación, precisando que, en la mayor parte de las universidades, la investigación "no gozaba" de una planificación específica, siendo la financiación externa su principal fuente de recursos y que la carencia de una contabilidad analítica impidió conocer la totalidad de los costes imputables a esta actividad.

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