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FISCAL

El Tribunal de Cuentas presenta este martes al Parlamento su programa de fiscalizaciones para este año

De la lista se ha caído un informe sobre la deuda de los partidos porque el Banco de España no ha facilitado la información requerida
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Manuel Núñez, presidente del Tribunal de Cuentas Manuel Núñez

El presidente del Tribunal de Cuentas, Manuel Núñez, ha vuelto a pedir a los partidos políticos que regulen el uso de medios públicos de transporte (aviones o coches oficiales) por parte de cargos públicos durante la campaña electoral para evitar "incertidumbres", una recomendación pendiente desde hace años, especialmente a raíz de la polémica suscitada por el uso de un Falcon por parte de José Luis Rodríguez Zapatero para acudir a mítines del PSOE.

Núñez ha presentado ante la Comisión Mixta de relaciones con el Tribunal de Cuentas el informe sobre las elecciones europeas de 2009, en el que ya se incluyó esa recomendación sin que, casi tres años después, los partidos hayan cumplido la sugerencia, y todo ello pese a que por medio hubo una revisión general de la Ley Electoral.

"En relación con la utilización de medios públicos para desplazamientos de autoridades, usados por razones de seguridad, así como de otros medios privados, con ocasión de su participación en las campañas electorales, se recomienda una regulación específica que elimine las incertidumbres dado que la Le Electoral considera únicamente gastos electorales los realizados por el partido", ha reiterado Núñez.

En su momento, el Tribunal de Cuentas llegó a sugerir la conveniencia de que "todos los transportes, cualquiera que sea el elemento de locomoción que se utilice en campaña electoral y precampaña", fueran definidos como gasto electoral para que pueda ser controlado y fiscalizado. Es decir, que no afectaría sólo a los medios públicos que usan los miembros del Gobierno sino a todos los desplazamientos que realicen los distintos líderes políticos para participar en la campaña.

EL COCHE OFICIAL, LOS ESCOLTAS, ETCÉTERA

El PSOE alegó desde el Gobierno que sería "muy complicado" regular el uso de medios públicos por parte de los políticos para ir a mítines alegando que habría que elevar el techo de gasto electoral permitido, ya que tendrían que contemplarse como electorales gastos como el uso que un alcalde hace de su coche oficial para ir a actos de su partido o incluso el coste de los escoltas de cualquier cargo político, y hasta el coche de éstos, cuando le acompañan a un acto electoral.

El PP, que ahora está en el Gobierno, defendió en la oposición una iniciativa reclamando un régimen jurídico "completo" sobre el uso de aviones militares "para fines exclusivamente privados o partidistas" por parte del presidente y otros miembros del Gobierno y altos cargos. Planteaba que, si se acreditan "razones de interés objetivo", como motivos de seguridad, que no puedan ser garantizadas de otro modo y que justifique el uso de aviones militares para fines privados o partidistas, los gastos sean reembolsados por la persona, institución o partidos que los utilice.

Aprovechando la comparecencia del presidente, el Grupo Popular ha insistido en sus demandas preguntando, a través del senador madrileño Esteban Parro, si la institución se ha planteado "alguna exigencia de responsabilidades" por la utilización del Falcon militar por parte de José Luis Rodríguez Zapatero.

El presidente ha indicado que todos los informes se remiten a la Sección de Enjuiciamiento, donde se decide abrir o no procedimientos de ese calado. Fuentes del Tribunal de Cuentas indicaron después a Europa Press que ya se ha descartado emprender acciones judiciales por este asunto.

Es previsible que el debate se reproduzca en la próxima sesión de la Comisión Mixta del Tribunal de Cuentas, donde los grupos parlamentarios presentarán sus propuestas de resolución. El PSOE, por boca de la diputada sevillana María José Vázquez, ya ha anunciado que incluirá esta cuestión en sus mociones.

Por otro lado, el presidente del Tribunal de Cuentas ha aprovechado esta primera comparecencia de la legislatura para ofrecer su colaboración a los grupos parlamentarios y presentar ante el Parlamento el programa de fiscalizaciones que piensa realizar el presente año.

Dentro de este Programa de Fiscalizaciones, aprobado por el Tribunal de Cuentas el pasado 26 de enero, se han incluido las habituales fiscalizaciones que año tras año realiza a iniciativa de los parlamentos autonómicos y el nacional, así como los estudios que prepara 'motu proprio'.

FISCALIZACIONES PARA 2012

Entre los asuntos que se investigarán figuran las contrataciones desarrolladas por las entidades locales con las inversiones realizadas por el Fondo Estatal de Inversión Local (las dos fases del conocido como 'Plan E'), el cumplimiento de los objetivos de estabilidad, la contabilidad el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), la gestión económico-financiera y de la aplicación de la Ley de Dependencia y la participación de las Fuerzas Armadas Españolas en misiones internacionales en los ejercicios 2009 y 2010.

Lo que no se podrá cumplir en 2012 es el encargo que en diciembre de 2005 la Comisión Mixta (Congreso-Senado) hizo al Tribunal de Cuentas para un estudio exhaustivo de las donaciones de particulares a los partidos, así como de sus créditos y las negociaciones de condonación con la banca, detallando la relación de entidades financieras que han perdonado deudas a los partidos y una lista de créditos vencidos y no pagados.

En su programa de 2011, el Tribunal de Cuentas había incluido la realización de un informe específico al respecto pero en su agenda para este año informa de que no podrá llevarlo a cabo por la falta de colaboración del Banco de España, que no le ha proporcionado la información que había pedido sobre los créditos de formaciones políticas existentes en la Central de Información de Riesgos. "En el programa se dan las oportunas explicaciones sobre alguna fiscalización definitivamente excluida del mismo", se ha limitado a señalar Núñez.

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