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JUSTICIA

Torres-Dulce exige mayor autonomía y una policía fiscal si se encomienda la instrucción a los fiscales

Eduardo Torres-Dulce, propuesto por el Gobierno para ser el nuevo fiscal general del Estado, ha manifestado en la Comisión de Justicia del Congreso de los diputados que la posible atribución de la investigación penal al Ministerio Público exigiría "para hacerla creíble" el reforzamietno de la autonomía de los fiscales a nivel estatutario, así como la adscripción a este cuerpo de unidades policiales.

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El actual fiscal de Sala del Tribunal Constitucional ha comparecido en el Congreso en cumplimiento de los requisitos señalados sen el artículo 29 del Estatuto Fiscal, para obtener el aval de las cámaras tras ser informada su propuesta favorablemente por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

En relación con "cualquier cambio normativo" que pueda producirse en el proceso penal, Torres-Dulce ha señalado que la reforma se le antoja "urgente e imprescindible", aunque debe realizarse con el mayor consenso para que pueda ser tenida "como un empeño de todos" y estudiando las experiencias realizadas en otros países europeos.

"Al crear la figura del juez de instrucción como garante de los derechos y garantías en el proceso se dio un paso que considero irrenunciable", ha reconocido Torres-Dulce, para añadir que la reforma penal precisará igualmente un estudio realista de costes económicos y de ajustes en la actual plantilla de jueces y fiscales.

A lo largo de su intervención, de carácter bastante técnico, Torres-Dulce ha incidido en la necesidad de reforzar la independencia de la Fiscalía respecto del Ejecutivo y de avanzar en temas como una autonomía presupuestaria de esta institución.

LIBRO BLANCO DE LA FISCALÍA

Además, ha anunciado que si es designado para este puesto emprenderá la redacción de un Libro Blanco de la Fiscalía para realizar una "radiografía" lo más exacta posible de la situación actual de cara a las futuras reformas.

Torres-Dulce ha aludido a la bondad de las actuales fiscalías especializadas que responden a un "amplio abanico de intereses sociales" y ha destacado la labor del Ministerio Público para la protección de las víctimas de los delitos, "que durante mucho tiempo han sido las grandes olvidadas".

En este punto, ha mencionado a las víctimas del terrorismo y ha destacado especialmente entre ellas a sus compañeros fiscales asesinados por ETA Carmen Tagle (fiscal de la Audiencia Nacional, asesinada en 1989) y Luis Portero (fiscal jefe del Tribunal Superior de Andalucía, en 2000).

A juicio del fiscal propuesto para la jefatura del Ministerio Público, estos servidores públicos "deben extremar su cuidado para que su imparcialidad sea efectiva y se observe escrupulosamente", puesto que les corresponde velar por el interés general.

No obstante, pese a los avances en este sentido en el actual Estatuto Fiscal, Torres-Dulce ha señalado que "la tarea no ha concluido ni el modelo está cerrado".

Ha propuesto igualmente que se dote al Consejo Fiscal de un mayor papel como órgano representativo, para que no sea tomado como mero asesor frente a la supremacía del fiscal general.

También cree necesario compilar las circulares e instrucciones que se han ido dictando para ajustar la labor de los fiscales especializados, así como la participación del Instituto Nacional de Estadística para la elaboración de un Plan Nacional de Estadística Judicial.

Dichos datos, a juicio del Fiscal General, deberían ser analizados y tabulados por personal especializado.

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