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JUSTICIA

Torres-Dulce defiende al CGPJ como una institución "absolutamente esencial" para el Estado de Derecho

El fiscal evita pronunciarse sobre las declaraciones del ministro Fernández Díaz sobre la dimensión política de ETA
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Sedel del CGPJ

El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, ha defendido este jueves al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) como "institución absolutamente esencial para el Estado de Derecho y de la convivencia democrática de todos los españoles" tras realizar una visita a este órgano, donde se ha reunido con su presidente, Carlos Dívar, y los vocales que integran el Pleno.

En una breve comparecencia ante los medios de comunicación, el fiscal general ha destacado que ha querido expresamente que su primera visita institucional lo fuera al órgano de gobierno de los jueces.

Asimismo, ha subrayado los "fructíferos canales de comunicación" que mantienen ambas instituciones en asuntos tales como la selección y formación de jueces, la colaboración informática y otros de "satisfacción de intereses sociales" como es el Observatorio de la Violencia de Género.

En presencia de la portavoz del CGPJ, Gabriela Bravo, el fiscal general ha señalado su interés en atender la oferta de colaboración del Consejo y en ampliarla en materia de proyectos legislativos comunes y ofertas presupuestarias "que precisen de reflexión en común".

NO ENTRAR EN OPINIONES POLÍTICAS

Torres-Dulce ha declinado valorar las manifestaciones realizadas ayer por el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, en el sentido de que a día de hoy no se puede obviar una "dimensión política" de ETA. En este sentido, ha señalado que a él no le compete hacer valoraciones políticas sino "la defensa de los principios de legalidad y parcialidad".

"No entra en mi terreno Constitucional valorar declaraciones políticas, no puedo ni debo" ha manifestado el fiscal general. "Si yo pido respeto para las decisiones de los tribunales y del Ministerio Fiscal, debo tener el mismo respeto por las valoraciones políticas que corresponden al ejercicio de los legítimos intereses políticos", ha concluido.

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