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JUSTICIA

El TSJ de Madrid paraliza cautelarmente la operación Mahou-Calderón

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha ordenado la paralización cautelar de la operación Mahou-Calderón.

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Tribunal Supremior de Justicia Madrid

En un auto, fechado este lunes y al que ha tenido acceso Europa Press, el TSJM estima la medida cautelar solicitada por Ecologistas en Acción para la suspensión de la ejecución del Plan Parcial de Reforma Interior de Desarrollo del área de planeamiento remitido 02.21 'Mahou-Vicente Calderón', e indica que cabe interponer recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

Este plan parcial fue aprobado definitivamente por el Ayuntamiento de Madrid el 26 de noviembre de 2014 y la organización ecologista lo recurrió el pasado 30 de abril.

La actuación afecta a una superficie de 204.218 metros cuadrados, contempla la demolición del estadio Vicente Calderón, el soterramiento de la M-30, la construcción de ocho torres de entre ocho y veinte plantas, dos rascacielos de treinta y seis plantas, además de 2.000 viviendas.

Según ha indicado Ecologistas en Acción en un comunicado, el Tribunal afirma que el plan parcial desarrolla una modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Madrid, aprobado en 2009, y que ya ha sido objeto de anulación por medio de dos sentencias, en 2012 y en 2015, por permitir la construcción de edificaciones de más de tres alturas.

El TSJM afirma en su auto que "de no suspender la ejecución del ordenamiento aprobado existe el riesgo de que pierda su legitima finalidad el recurso contencioso administrativo, siendo mayores los perjuicios que deriven de la ejecución que de su suspensión".

El interés público pasa por la "transformación del espacio urbano", como recoge la sentencia, para "finalizar el soterramiento de la M-30 a su paso bajo el estadio Vicente Calderón, e integrar el centro urbano y los distritos del sur con Madrid Río, ámbito al que añade una importante superficie de suelo que se calificará como zona verde compatible sólo con algún uso deportivo". El interés privado deriva de la eliminación de una parcela industrial y otra de uso deportivo y su transformación en residencial.

La ejecución de las dotaciones se haría "a costa de unos gastos de urbanización que no pueden ejecutarse en su aspecto privado-lucrativo so pena de, caso de no accederse a la suspensión, permitir la construcción de los edificios en las alturas declaradas ilegales".

Esto supondría un riesgo si se estimara el recurso que llevara a su posterior demolición por los elevados costes que generaría, sin contar con las responsabilidades de indemnización de las arcas públicas.

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