JUSTICIA

El TSJ de Andalucía aprueba un plan de actuación para los Juzgados de lo Social de Sevilla

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El ingreso de cinco funcionarios de refuerzo, junto con la adscripción de un nuevo juez de Adscripción Territorial, que se suma a los tres ya existentes, permitiría crear dos secciones que tramitarían cada una los asuntos asignados a dos de los jueces de refuerzo.

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La llegada como refuerzo de cinco funcionarios el pasado 15 de junio obliga a replantear el plan de actuación que se estaba llevando hasta ahora. Con los cinco nuevos funcionarios, junto con los ya existentes, se crearán dos secciones que permitirían tramitar los asuntos asignados a los cuatro jueces de refuerzo, según ha informado el CGPJ.

Con este nuevo plan de actuación que se diseña, la entrada de procedimientos declarativos en cada Juzgado de lo Social de Sevilla, quedaría por debajo los 800 asuntos al año, de mantenerse la cifra de entrada del año 2015, lo que puede permitir una progresiva normalización, al situarse la entrada general de asuntos en volúmenes próximos a la carga referencial de trabajo fijada por el CGPJ para los Juzgados de lo Social, que gira en torno a los 670-800 asuntos, aun cuando lo sea en su parte alta, máxime si tenemos en cuenta que durante el año 2015 se produjo un descenso en la entrada de asuntos de un 8% respecto del año 2014; en 2014, de un 11% respecto de 2013; y en 2013, de un 4%, respecto de 2012. Lógicamente, esa normalización implica, además, el mantenimiento en el tiempo de la medida de refuerzo en los términos que aquí se perfilan.

Con este plan, cada Juzgado de lo Social podrá adelantar su agenda de señalamientos y su titular implementar las medidas necesarias para que el objetivo de normalización progresiva del órgano judicial pueda ser efectivo.

Por último, la Sala de Gobierno entiende y es consciente de la necesidad de incrementar el número de plazas judiciales en la jurisdicción social en Sevilla, así como de "adoptar otra serie de medidas de índole organizativa que permitan asumir de forma y en tiempos razonables la carga de trabajo existente". No obstante y en función de los recursos de los que pueden disponerse en este momento, "entendemos que un refuerzo que asuma la tramitación en fase declarativa de aproximadamente un 35% de la carga de trabajo total, puede permitir, sin duda, una mejoría de la situación actual".