El valor económico del patrimonio del presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, de los vocales de la Comisión Permanente y del secretario general de la institución puede consultarse desde hoy en el Portal de Transparencia de la página web del órgano de gobierno de los jueces www.poderjudicial.es. Es la primera vez que esta información se hace pública.
El CGPJ lleva así a la práctica el último de los compromisos en materia de transparencia que adquirió en el convenio suscrito el 2 de julio de 2014 con Transparencia Internacional España.
En ejecución de ese compromiso, el pasado 7 de mayo la Comisión Permanente acordó que el Portal de Transparencia del CGPJ recogería una ficha individualizada de los altos cargos que gestionan directamente intereses económicos de la institución -el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo, los vocales que integran la Comisión Permanente y el Secretario General- que contuviera la relación sucinta del valor económico de su patrimonio actual.
La ficha es la misma que deben cumplimentar los altos cargos de la Administración General del Estado, fue aprobada por la Comisión Permanente el pasado 2 de julio e incluye el valor económico de bienes inmuebles urbanos y rústicos, saldo total de las cuentas bancarias, créditos, préstamos o deudas, acciones y participaciones en capital de sociedades, títulos de deuda pública, fondos de inversiones, certificados de depósito y otros valores mobiliarios y automóviles.
El modelo de ficha figura en la Orden HAP/1176/2015 que se publicó en el Boletín Oficial del Estado el pasado 19 de junio, por la que se aprobaron los modelos de declaraciones y comunicaciones a las que se refiere la Ley 3/2015, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado.
A partir del próximo 1 de octubre, cuando entre en vigor la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, tanto el presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ como los veinte vocales de este órgano y su Secretario General estarán sujetos al deber de efectuar una declaración de bienes y derechos y al control y gestión de activos financieros de los que sean titulares.
Esa declaración de bienes, según el artículo 579.5 de la LOPJ, se realizará en los términos previstos en los artículos 17 y 18 de la Ley 3/2015, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado, es decir, mediante la entrega al Registro de Bienes y Derechos Patrimoniales de altos cargos del certificado de su última declaración anual presentada del impuesto sobre el patrimonio, con las adaptaciones que sean precisas a la organización del Consejo, que se establecerán en el Reglamento de Organización y Funcionamiento del mismo.
