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SENTENCIA TC

El Tribunal Constitucional avala que el catalán no sea un requisito en Baleares

Entiende que "no hay inconstitucionalidad" en, como norma general, considerar el conocimiento del catalán como mérito, y no como requisito, para el acceso a la función pública.

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El Pleno del Tribunal Constitucional ha desestimado el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Grupo parlamentario Socialista del Senado contra la reforma de la ley reguladora de la función pública de las Islas Baleares. La sentencia cuenta con el voto particular discrepante de cuatro magistrados.

La norma autonómica recurrida (Ley 9/2012, de 19 de julio) elimina la exigencia general de un determinado nivel de conocimiento de catalán como requisito para acceder a la administración o para ocupar cualquier puesto de trabajo y modifica en consonancia las leyes que regulan el uso de la lengua en las islas.

La mayoría del Pleno entiende que "no hay inconstitucionalidad" en, como norma general, considerar el conocimiento del catalán como mérito, y no como requisito, para el acceso a la función pública. Además, señala que la reforma legal se ha producido en un contexto de "amplia implantación del conocimiento del catalán en la función pública del ámbito territorial y en la sociedad, al integrarse como disciplina en el sistema educativo".

La Ley 9/2012 también establece "medidas de fomento concretas de la lengua catalana" al introducir un "mandato dirigido a las administraciones públicas para la promoción de cursos de conocimiento de la lengua catalana entre el personal a su servicio con la finalidad específica de garantizar la atención a la ciudadanía en cualquiera de las dos lenguas oficiales".

"También en el caso de las oposiciones –añade la sentencia- el conocimiento del catalán sirve para establecer el orden de preferencia de los aprobados para ocupar puestos de trabajo".

El recurso de inconstitucionalidad se dirigía también contra el precepto de la Ley 9/2012 que establecía que el conocimiento del catalán no será un requisito para el acceso a los cuerpos de policía local y policía auxiliar en el territorio de Baleares.

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