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DERECHO AL HONOR

El Supremo ratifica la condena a una página web por vulnerar el derecho al honor

El Alto Tribunal confirma la sentencia que condenó a la página de internet "Alasbarricadas.org" a indemnizar con 6.000 euros al cantante José Ramón Julio Márquez Martínez, más conocido como Ramoncín, por dedicarle numerosos insultos y publicar un fotomontaje con la cabeza cortada.

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La decisión del Supremo aplica el criterio establecido en la Directiva 2000/31/CE de 8 de junio, más rigurosa con la responsabilidad de los prestadores de servicios que lo establecido en la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico (LSSI).

Los magistrados de la Sala de lo Civil del Alto Tribunal, presididos por Juan Antonio Xiol, han concluido que las expresiones vertidas en el portal de Internet vulneraron el derecho al honor del cantante José Ramón Julio Márquez, alias Ramoncín, según la sentencia. El propietario de la página web deberá, además de pagar la indemnización, publicar en su página la resolución integra dictada contra él.

La página "Alasbarricadas.org", que se autodenomina "foro anarquista para el debate", publicó en el mes de junio de 2006, en su apartado "El Rey del Pollo Frito", una serie de insultos contra Ramoncín, y el contenido publicado deseaba, incluso, la muerte del cantante. Además, publicó un fotomontaje en el que aparecía con la cabeza cortada.

La Sala de lo Civil del Tribunal señala en su sentencia que la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico establece que los prestadores de servicios de alojamiento o almacenamiento de datos no serán responsables por la información almacenada a petición del destinatario "siempre que no tengan conocimiento efectivo de que la actividad o información almacenada es ilícita". Tampoco serán responsables si, teniendo ese conocimiento, actúan con diligencia para retirar los datos o hacer imposible el acceso a ellos.

La cuestión jurídica debatida en el recurso ha sido la interpretación que debe darse al requisito del "conocimiento efectivo del carácter ilícito" del contenido de la página web. El titular de la página alegó que no tuvo ese conocimiento efectivo de la ilicitud de las opiniones y comentarios hasta que no recibió la demanda de Ramoncín. Sin embargo, el Supremo considera ese "conocimiento efectivo" no está limitado a los supuestos en los que un órgano competente haya declarado, previamente a la demanda, la ilicitud de los datos almacenados o que se ha producido la lesión de los derechos de los actores, ordenado la retirada de contenidos.

Los magistrados consideran que la ilicitud del contenido de la página "era patente y evidente por sí sola, al no depender de datos o información que no se encontrasen a disposición del intermediario". La sentencia destaca además que el propietario del portal "proporcionó un domicilio inexacto o cuando menos, no actual, al registro, lo que impidió al demandante comunicarse con él de una forma fácil y directa para así interrumpir la difusión de las expresiones y fotografía que eran lesivas para él".

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