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JUSTICIA

Anulan una resolución de la Junta que negaba una admisión en un colegio privado

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 5 de Granada ha anulado una resolución de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía que negaba la admisión de un alumno por no estar empadronado en la capital granadina.

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El 10 de mayo de 2012, el menor fue admitido con una puntuación de 14 puntos, puesto que su domicilio habitual constaba en la Plaza de los Campos de la ciudad. Sin embargo, el padre de una niña excluida por la dirección del colegio interpuso recurso de alzada contra el listado de admitidos, señalando que el domicilio del niño se encuentra realmente en Monachil en lugar de Plaza de los Campos, y solicitó que se librara oficio a la Policía para la averiguación del domicilio, así como a la Agencia Estatal de la Administración Tributaria.

La Consejería de Educación pidió al Ayuntamiento de Granada que informase sobre la posible inscripción indebida en el padrón municipal del menor y también pedía información al municipio de Monachil. Ya el 5 julio de 2012, la Policía Local de Monachil emitió un informe con el que señaló la verificación del domicilio del niño en una casa de Monachil, pero sin aportar ninguna prueba más. Por parte de la Consejería de Gobernación y Justicia se informó de que realizada visita al domicilio sito en Plaza de los Campos, donde el abuelo materno del niño manifestó que en su vivienda vivían su hija y su nieto.

Con fecha 10 de octubre de 2012, se emitió resolución de la Delegación Provincial de la Consejería de Educación, por la que se resolvía la reclamación formulada por el padre de la niña excluida a tenor de la cual el menor perdió los derechos de prioridad que pudieran corresponderle en el centro docente privado Santo Domingo de Granada, resolución que fue objeto de recurso contencioso-administrativo que ahora acaba de ser resuelto.

No obstante, previamente su representación legal pidió la suspensión cautelar de esa resolución y la admisión provisional del menor en el centro para el curso escolar 2012-2013, para no causar un perjuicio irreparable al menor en el supuesto de que prosperase, como al final ha ocurrido, el recurso presentado por el padre.

En este caso, defendido por los letrados Vanessa Fernández Ferré y Javier López García de la Serrana, del despacho de abogados granadino HispaColex Servicios Jurídicos, se argumentó que no se había acreditado suficientemente por la administración que el menor tuviera un domicilio diferente al que consta en el certificado de empadronamiento, destruyendo así la presunción 'iuris tamtum' derivada del mismo, pues el informe de la Policía Local de Monachil se limitaba a señalar que el menor residía en determinada casa de dicho municipio, "pero sin establecer los medios de prueba utilizados para llegar a dicha conclusión".

Por otro lado, el juzgador entiende que el hecho de que los recibos de agua y luz de la vivienda sita en la Plaza de los Campos de Granada estén a nombre del abuelo materno del menor, no implica en modo alguno que éste no tenga en ese domicilio su residencia habitual. Asimismo los consumos de agua y luz de la vivienda de Monachil tampoco prueban que ésta constituya la residencia habitual del menor, pues los mismos son compatibles con la estancia en ella del padre durante los días laborables, pues constituye su centro de trabajo como delegado de ventas en Granada y de la familia algunos fines de semana y en periodos vacacionales.

Por todo, el juez concluye que la resolución recurrida de la Delegación Provincial de Granada de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía yerra en la valoración de la prueba practicada, debiendo en consecuencia proceder a su anulación, estimando por tanto el recurso contencioso administrativo interpuesto contra la misma, dejándola sin efecto en cuanto a la declaración que se hace en ella de ordenar la pérdida de todos los derechos de prioridad que pudieran corresponderle en el 'Santo Domingo' de Granada para el curso 2012/13 en Educación Infantil al alumno e imponiendo las costas a la administración demandada.

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