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JUSTICIA

Secretarios judiciales piden cesar a Gallardón por no interesarse en modernizar la Justicia y el "deterioro" del sector

La UPSJ y el SISEJ avisan de que no se puede permitir que la crisis sea excusa para "desmantelar" este servicio público.

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La Unión Progresista de Secretarios Judiciales (UPSJ) y el Sindicato de Secretarios Judiciales (SISEJ) han reclamado este jueves el cese del ministro Alberto Ruiz-Gallardón por el "importante grado de deterioro institucional" en la Administración de Justicia y el "grave riesgo de involución" de un sector que necesita, desde hace tiempo, de "una de las más importantes reformas de nuestra historia reciente". A su juicio, se ha paralizado la modernización no por "una cuestión de dinero, sino por falta de interés".

Las dos organizaciones de secretarios judiciales han manifestado en un comunicado conjunto su "profunda" comprensión a la actual situación económica y social, así como su compromiso de prestar un servicio público de calidad y de realizar sus reivindicaciones en "un marco de lealtad".

"Pero consideramos que la situación de la administración de Justicia en España ha alcanzado en los últimos meses un importante grado de deterioro institucional, y advertimos a la ciudadanía del grave riesgo de involución en un sector que está llamado desde hace décadas a una de las más importantes reformas de nuestra historia reciente", han argumentado.

De esta forma, han denunciado la paralización de la reforma de la Administración de Justicia al haberse estancado la implantación de la nueva Oficina Judicial y han añadido que este modelo es uno de los "más ambiciosos y esperados" por la ciudadanía para poner fin a las quejas sobre "lentitud e ineficiencia".

En este sentido, las asociaciones han apuntado que las fuerzas políticas aprobaron por unanimidad la Ley 13/2009 para la implantación de la Oficina Judicial que situaba al secretario judicial como uno de los pilares de la misma.

Han añadido que el proceso de implantación se inició en pasadas legislaturas con "las dificultades propias de todo cambio de grandes dimensiones" y "en medio de una fuerte oposición corporativa desde diversos sectores que ha querido negar los avances conseguidos en la Oficina Judicial pese a la inoperatividad del modelo decimonónico de juzgados y tribunales caracterizados por criterios subjetivos en la prestación del servicio público".

Sin embargo, advierten de que este proyecto ha quedado paralizado con el último cambio de titularidad en el Ministerio, que sólo ha "impulsado y apostado por un maquillaje nominal de las viejas estructuras prescindiendo del órgano que implementará un auténtico cambio de modelo: el Servicio Común de Ordenación Procesal".

Este servicio centraliza la tramitación procesal en el secretario judicial, a diferencia de la situación actual en la que "este peso burocrático se reparte en órganos encargados de enjuiciar y ejecutar, dificultando y retrasando enormemente su labor." "Sin Servicio Común de Ordenación Procesal no hay oficina judicial", han agregado.

Trato a favor del sector privado

Han acusado al actual gabinete de paralizar la modernización de la Justicia y renunciar a un "verdadero cambio de modelo" alegando dificultades presupuestarias o vinculándolo a aplicaciones informáticas.

"No compartimos esa opinión, ya que lo que resulta necesario es una optimización de los recursos materiales y desarrollar los recursos personales, es decir implantar un nuevo modo de trabajar en justicia. Y eso no es sólo cuestión de dinero, sino también de interés", han indicado.

A su juicio, se está tratando de degradar este servicio público y el derecho a obtener una tutela judicial efectiva con la imposición de tasas o la apuesta por la "desjudicialización" en favor del sector privado de servicios que hoy se ofrecen de forma gratuita.

Han instado al ministro a explicar los motivos "reales" de este cambio de rumbo, mientras que le han reprocado la "falta de diálogo institucional" al no haber convocado ni recibido a las organizaciones de secretarios judiciales. "Un caso único en nuestra reciente democracia", han añadido.

"Las organizaciones firmantes lo hemos solicitado reiteradamente, por separado e incluso conjunta y presencialmente ante el Secretario General de la Administración de Justicia en la última reunión celebrada el pasado 9 de octubre. Se nos comunicó una predisposición positiva dependiendo de las necesidades de agenda, como en anteriores ocasiones, pero lo cierto es que ha transcurrido diez días sin la menor comunicación, ni tan siquiera dilatoria", han señalado.

Por último, han subrayado que la situación se ha visto agravada por los recortes salariales, laborales y sociales sufridos por el colectivo. "La ciudadanía, y nuestro colectivo como parte de ella, no puede seguir engañada ni permitir que se utilice la crisis financiera internacional, ni la política de restricciones presupuestarias como excusa para todo, como coartada para desmantelar un servicio público pilar de la democracia, como es la justicia", concluyen.

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