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JUSTICIA

La Rioja propone al presidente de su Tribunal Superior de Justicia para cubrir una vacante en el TC

No habrá nombramiento hasta la legislatura que viene porque la candidatura ha llegado con las Cortes disueltas por las elecciones.

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Palacio de Justicia de La Rioja Palacio de Justicia de La Rioja

El Parlamento de La Rioja ha presentado este miércoles ante la Mesa de la Diputación Permanente del Senado la candidatura del presidente del Tribunal Superior de La Rioja, Ignacio Espinosa, para cubrir la plaza vacante en el Tribunal Constitucional (TC) tras el fallecimiento en abril del magistrado Luis Ignacio Ortega.

La Diputación Permanente, el órgano que da continuidad al Senado tras disolverse con el decreto de convocatoria electoral, ha recibido esta candidatura este miércoles tras prorrogar el plazo para que los parlamentos autonómicos le propongan magistrados.

Con motivo de la disolución de las Cortes Generales, que tuvo lugar este martes, dicho plazo de presentación para la vacante ha sido ampliado hasta que se constituya la nueva Cámara que resulte elegida en las urnas con los comicios del 20 de diciembre. De este modo, previsiblemente esta renovación no será aprobada en esta legislatura.

La Cámara Alta retrasó ya en el mes de julio este plazo y lo situó en el 15 de septiembre, puesto que los legislativos regionales se encontraban en pleno proceso de constitución y organización tras las elecciones del 24 de mayo.

Más de diez años frente al TSJ de La Rioja

El Consejo General del Poder Judicial nombró a Ignacio Espinosa presidente del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja por primera vez en el año 2002. De nuevo, en 2007 fue renovado para el segundo mandato en el 2012 le renovó en el cargo para un tercer mandato de cinco años que hasta ahora ostenta.

Ahora el Parlamento autonómico le ha propuesto para la vacante del Alto Tribunal que está libre desde abril cuando el magistrado Ortega que pertenecía al sector progresista del órgano de garantías falleció.

Ortega había sido elegido en diciembre de 2010 dentro del cupo de magistrados que le corresponde nombrar al Senado, que prevé la participación de los legislativos autonómicos en este proceso proponiendo nombres, aunque la Cámara no está obligada a elegirlos si no los considera adecuados. En ese caso, los grupos parlamentarios hacen sus propuestas.

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