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MADRID

El Congreso insta al Gobierno a regular el voto no presencial de concejales como ya tienen los diputados

La Comisión de Igualdad ha aprobado una iniciativa que insta al Gobierno a estudiar la regulación del voto no presencial con el fin de facilitar la compatibilidad del permiso de paternidad y maternidad o de la baja médica por enfermedad con ejercicio del derecho a voto de los cargos electos locales.

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Elecciones, voto, urnas

Se trata de una proposición no de ley que finalmente ha sido pactada entre PP y CiU, y que han respaldado todos los grupos parlamentarios.

Desde el PP, Carmen Rodríguez Maniega, ve necesario que se estudie el voto no presencial en los entes locales puesto que diputados y senadores, cargos igualmente electos, sí disfrutan de este derecho que, según ha subrayado, se recoge en la Ley de Igualdad.

En este sentido ha recordado que el Congreso de los Diputados reformó su reglamento en julio de 2012 para que se pudiera conciliar el periodo de baja para los supuestos de maternidad, paternidad o baja por enfermedad.

Gracia Fernández, del PSOE, ha defendido por su parte que es "importante" emprender esta regulación en las corporaciones locales para eliminar todos los obstáculos para que hombres y mujeres puedan ser políticos sin renunciar a su paternidad y maternidad.

Desde la Izquierda plural, Ascensión de las Heras, ha apoyado la iniciativa porque, al igual que sus compañeras de comisión, resalta que se trata de un derecho recogido en la Ley de Igualdad efectiva entre hombres y mujeres, por la que se establece que los poderes públicos deben establecer medidas para favorecer la conciliación, además de promover acuerdos para facilitar los permisos de paternidad y maternidad de los cargos electos.

De hecho, ha apuntado que en el Parlamento de Cataluña y en el propio Congreso de los Diputados ya es efectivo este derecho, pero no así en los ayuntamientos.

Protección a las madres tras el parto

Por otro lado, la Comisión de Igualdad ha aprobado una iniciativa pactada entre PP y CiU, para preservar la protección a la maternidad en los pueblos de menos de 5.000 habitantes, dado que, de acuerdo con el decreto legislativo de 2004, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, cualquiera de los habitantes de esos municipios deben prestar servicios municipales si así el ayuntamiento lo requiere.

Así esta iniciativa pretende "eliminar anacronismos" y eximir a las mujeres en periodo de descanso maternal, es decir, en las seis primeras semanas tras el parto, de la obligatoriedad de prestar servicios municipales si ese ayuntamiento de menos de 5.000 habitantes así lo requiere.

Esta iniciativa ha sido apoyada por todos los grupos parlamentarios, salvo el PSOE y la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), que se han abstenido en la votación.

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