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JORNADA

El Registro de Economistas Auditores del CGCEE celebra la XI Jornada tècnica d'auditoría

Organizada por el Registro de Economistas Auditores del CGCEE ha contado con la colaboración del Colegio de Economistas de Cataluña. Y en ellas participaron el presidente del Registro de Economistas Auditores, REA-CGCEE, Carlos Puig de Travy y el presidente del REA en Cataluña, Emilio Álvarez


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El presidente del Consejo General de Colegios de Economistas, Valentí Pich, ha señalado que el objetivo de "la Ley de contratos del sector público tiene dice textualmente "-...regular la contratación del sector público, a fin de garantizar que la misma se ajusta a los principios de libertad de acceso a las licitaciones, publicidad y transparencia de los procedimientos, y no discriminación e igualdad de trato entre los candidatos, y de asegurar,... la contratación de servicios mediante la exigencia de la definición previa de las necesidades a satisfacer, la salvaguarda de la libre competencia..."- ; por lo que claramente incide en finalidades y exigencias derivadas del Derecho comunitario al insistir en la garantía del principio de libertad de acceso a la contratación pública, publicidad, transparencia y sobre todo "la salvaguarda de la libre competencia".

"Asimismo, el Sector Público en otro orden de competencias y funciones, tiene unas obligaciones de "transparencia" que actualmente se está poniendo en los medios de comunicación la evidencia de su incumplimiento, consecuencia de las significativas desviaciones que se están denunciando en relación con los compromisos contabilizados en las cuentas anuales de los órganos de la Administración Pública y la realidad que resulta cuando se efectúa un trabajo de verificación de dichas cuentas anuales".

El presidente del REA-CGCEE, Carlos Puig de Travy, ha dicho que "ante una situación de la naturaleza descrita, produciéndose un reiterado incumplimiento de las obligaciones de transparencia de las cuentas anuales de las administraciones públicas (locales, autonómicas y estatales), así como de la salvaguarda de la libre competencia que deriva en verse privado el ciudadano y el auditor de cuentas respectivamente de un derecho fundamental, es necesario exigir el cumplimiento de la misma al igual que se exige al ciudadano y a las sociedades la presentación de la documentación que se requiere en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y/o mercantiles ante la Agencia Tributaria y/o Registro Mercantil y al auditor que aplique las normas técnicas y éticas que regulan la actividad de la auditoría de cuentas"

Los profesionales que ejercen la actividad de la auditoría de cuentas, a diferencia de otras actividades profesionales, están estrechamente regulados y supervisados por un organismo supervisor, el ICAC, por la relevancia pública que representa y en su legislación regulatoria se establecen las garantías suficientes para que las cuentas anuales o cualquier otra información económica financiera que haya sido verificada por un economista auditor sea aceptada con plena confianza por el ciudadano.

Por su parte, el presidente del REA en Cataluña, Emilio Álvarez, ha dicho que "la función de la auditoría externa e independiente en este proceso de facilitar la transparencia del sector público al ciudadano sería un factor clave para mejorar el grado de confianza del ciudadano en la información económica presentada en relación con la gestión de los recursos públicos, y que se está reclamando de forma permanente ante las evidencias que se denuncian al respecto por el mismo ciudadano".

El CGCEE-REA en calidad de Corporación de Derecho Público representativa de los economistas auditores de cuentas ha mantenido siempre y seguirá haciéndolo una actitud positiva y activa que ha permitido facilitar a sus miembros las herramientas y servicios profesionales necesarios que les permita una aplicación razonable de todos y cada uno de los requisitos que debe cumplir para ejercer la actividad de la auditoría de cuentas y por ende mejorar nuestro prestigio e imagen pública, por lo que está plenamente capacitado para poder discernir sus "propias limitaciones" en base a las pautas que establece la misma Ley sin necesidad de que se le impongan por el sector público ninguna "cláusula restrictiva adicional ".

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