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El Consejo de Estado ve "fundamentos jurídicos" para recurrir ante el TC el decreto antidesahucios andaluz

El Gobierno había pedido al órgano consultivo que se pronunciara de forma "urgente".

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El Consejo de Estado considera que existen "fundamentos jurídicos" para presentar un recurso de inconstitucionalidad contra el decreto antidesahucios de la Junta de Andalucía, según han informado a Europa Press fuentes del órgano consultivo.

La Comisión Permanente del Consejo de Estado aprobó el dictamen este jueves, después de que el pasado viernes el Gobierno de Mariano Rajoy le solicitase que se pronunciara de forma "urgente" de cara al recurso ante el TC.

En concreto, el Consejo de Ministros acordó hace una semana solicitar al presidente del Gobierno la interposición del recurso de inconstitucionalidad contra la disposición adicional segunda del decreto Ley andaluz y también contra el artículo 1 de la Ley reguladora del derecho a la vivienda en Andalucía.

En su dictamen, el Consejo de Estado concluye que "existen fundamentos jurídicos para la interposición del recurso de inconstitucionalidad contra el artículo 1 del decreto ley de la Junta de Andalucía de 9 de abril de medidas para asegurar el cumplimiento de la función social de la vivienda por el que se da nueva redacción al artículo 1.3 de la Ley 1/2010 de 8 de marzo reguladora del derecho a la vivienda en Andalucía y se introducen en ella los artículo 25 y 53.1.A, y contra la disposición adicional segunda del referido decreto ley", según han informado a Europa Press las mismas fuentes.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros del pasado viernes, la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría adelantó que el Gobierno entiende que la norma andaluza "afecta al contenido esencial del derecho a la propiedad de la vivienda, que es una norma reservada a las Cortes Generales, establece una responsabilidad sancionadora al margen del principio de culpabilidad que viene exigido por la Constitución y establece una regulación contraria al principio igualdad".

Sáenz de Santamaría detalló, en ese sentido, que "en la regulación de los derechos por ella afectados es necesario que exista una norma de carácter general y estatal para garantizar la igualdad" e indicó que "además de los razonamientos que ha manifestado la Unión Europea y su preocupación por la norma", el Gobierno ha analizado el respeto a la normativa constitucional. "Ese es el único fundamento que sirve para un recurso de inconstitucionalidad", dijo.

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