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El Gobierno cifra en unos 15,7 millones más la recaudación de Sociedades

Cifra en unos 15,7 millones de euros los ingresos adicionales obtenidos por la Agencia Tributaria a través del Impuesto de Sociedades derivados del fin del periodo estipulado para la desaparición del recurso cameral permanente.

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Así consta en la memoria de impacto del proyecto de ley, al que ha tenido acceso Europa Press y en el que se explica que la supresión del recurso cameral permanente y de otras exacciones a las empresas decidido por decreto ley en 2010 supondrá un "incremento en los ingresos presupuestarios para el Tesoro que se obtienen a través del Impuesto de Sociedades".

Esto es así porque las cantidades obligatorias que las empresas con beneficios debían aportar a las cámaras de comercio por su pertenencia a las mismas --y que "suponían su principal soporte financiero"-- estaban sujetas a deducibilidades en el Impuesto de Sociedades. Al eliminarse la obligatoriedad de pagar estas cantidades se elimina también la exención fiscal, con lo que aumentará la base imponible por la que las empresas tributan.

La decisión de 2010 ha entrado en vigor con plena efectividad este año, ya que se fijó un periodo transitorio hasta 2012 durante el cual sólo seguirían sujetas al pago del recurso cameral permanente las empresas cuyo importe neto de cifra de negocio fuera igual o superior a los 10 millones de euros.

Así, "la supresión del recurso cameral permanente ha supuesto, en la práctica, una mayor recaudación para la Agencia Tributaria", reconoce el Ejecutivo en el documento, en el que se cuantifica en 15,7 millones de euros la cuantía adicional que habría ingresado este año el Tesoro a través del Impuesto de Sociedades, cantidad resultante de aplicar a los 52,3 millones de euros que las empresas aportaron a las Cámaras en el año 2012 el 30% de tipo medio de Sociedades, "bajo el supuesto del mantenimiento del resto de variables estables".

Es más, el Gobierno señala incluso que en 2011 la Agencia Tributaria ha dejado de recaudar por este recurso cameral --suponiendo un tipo del 30% en Sociedades-- unos 35,7 millones de euros, y afirma incluso que la cuantía adicional a recaudar tras la supresión de esta figura "representaría el 0,14% de la recaudación total" anual del Impuesto de Sociedades.

Menos recursos para las Cámaras

No obstante, al eliminarse la obligación de pagar este 'canon' por pertenecer a la Cámara de Comercio, el Gobierno reconoce que se elimina la principal fuente de financiación de estas instituciones, por lo que el proyecto de ley incluye "un sistema de financiación basado en la retribución de servicios prestados y las contribuciones voluntarias", configurándose así un "sistema de autofinanciación que no reporta gastos al Tesoro".

En cualquier caso, sí reconoce que se mantiene la posibilidad de que las administraciones públicas puedan celebrar convenios de colaboración tanto con la Cámara Oficial de España como con el resto de entidades camerales, así como de que éstas puedan "recibir ingresos de acuerdo con cualquier otro tipo de procedimiento es instrumentos de conformidad con el ordenamiento jurídico vigente".

"Ahora bien, puede que estos gastos que existen actualmente, con la nueva ley, sean objeto de una visión más integral y coordinada que permita dar una visión global al Gobierno a efectos de considerar los gastos de convenios que sean de mayor interés", apostilla la memoria, en la que se recuerda que un objetivo de "extremada importancia" de la nueva normativa es que las cámaras actúen como "instrumentos de apoyo al Gobierno en su política económica y de regeneración del tejido industrial" ante la crisis.

Con respecto al impacto económico, el Ejecutivo "espera" que la ley "permita ampliar e impulsar la capacidad de las empresas españolas en la generación de tejido industrial, comercial y de servicios para activar, relanzar y potenciar la economía, tanto desde el punto de vista nacional como internacional, a través de la internacionalización".

Mejora de la competencia

Otro efecto del proyecto de ley será una mejora en la competencia interior, ya que se "racionalizará" la red cameral, se "modernizará" su estructura, organización y funciones; y se permitirá que estas entidades se configuren como "entidades de prestación de servicios" en el marco de un modelo "dirigido a los resultados" para que sean "más eficientes"

Para ello, las cámaras serán "prestadoras de servicios a las empresas", lo que constituirá su nueva vía de ingresos, lo que "asegurará la concurrencia con otras entidades, con la consiguiente mejora de eficacia y calidad". Entre otras funciones, podrán actuar como ventanillas empresariales, promover el fomento de la innovación, incrementar la competitividad y el uso de la economía digital o colaborar con las administraciones en la simplificación administrativa.

Todo ello comportará a su vez una "simplificación de trámites" administrativos, lo que permitirá ahorrar tiempo y dinero a los empresarios.

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