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JUSTICIA

Rafael Catalá destaca la importancia de la LECrim para agilizar la Justicia

El ministro de Justicia ha inaugurado en Plasencia un curso de la UNED sobre la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que perfecciona la norma vigente desde 1882.

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Los objetivos que persigue son agilizar la justicia penal, fortalecer las garantías procesales y fomentar la seguridad jurídica y las medidas de regeneración democrática.

Para ello, el texto se adecua a la normativa europea mediante la transposición de dos directivas. La primera de ellas hace referencia a la asistencia letrada y da lugar a la regulación del Estatuto Jurídico del Investigado que garantizará la confidencialidad entre el detenido o procesado y su abogado en el contexto de las nuevas medidas de investigación tecnológicas y sustituirá el término imputado por el de investigado o encausado dependiendo del momento en el que se encuentre el proceso judicial. La segunda completa la reforma de la figura del decomiso ya recogida en el Código Penal.

La norma incluye la generalización de la segunda instancia penal, de manera que se establece para las sentencias dictadas por las Audiencias Provinciales y por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional la misma regulación procesal prevista en la actualidad para la apelación de las sentencias dictadas por los juzgados de lo penal en el proceso abreviado. Asimismo recoge la creación de un cauce procesal para la ejecución en nuestro país de las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Rafael Catalá ha destacado como medidas innovadoras de la ley, la modificación de las reglas de conexidad que hará que cada delito dé lugar a una causa; la limitación de los plazos de instrucción a 6 meses y a 18 en las causas complejas; la conservación de los atestados sin autor conocido por parte de la policía judicial a disposición de jueces y fiscales por si se identifica al autor; y la introducción en nuestra Justicia Penal del proceso de aceptación por decreto, que permite la conversión en sentencia firme de la propuesta formulada por el Ministerio Fiscal cuando se cumplan determinados requisitos. Estas medidas, junto a la desaparición de las faltas a partir del próximo miércoles, reducirán la carga de trabajo de los juzgados de lo penal y ofrecerán una respuesta rápida y con las máximas garantías procesales a los ciudadanos.

Para conseguirlo, el ministro de Justicia ha destacado la importancia de las medidas de investigación tecnológica que van a permitir la interceptación, captación y grabación de las comunicaciones telefónicas y telemáticas; el uso de medios electrónicos de seguimiento y localización; y el registro de dispositivos de almacenamiento masivo de información, todo ello con las debidas garantías y limitaciones.

Catalá se ha referido también a la reforma del Código Penal que entrará en vigor el 1 de julio y al Estatuto de la Víctima del Delito, que comenzará su andadura en octubre. Ambos responden a los compromisos adquiridos por el Gobierno para mejorar la agilidad y la eficacia de nuestra Justicia.

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