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El ICPM impulsa el debate sobre los derechos del menor en las familias reconstituidas

A través de su Comisión de Igualdad, el Ilustre Colegio de Procuradores de Madrid coordinó hace unos días una jornada de debates en la Consejería de Presidencia de la Comunidad, para analizar la situación legal de los menores en el seno de familias yuxtapuestas o ensambladas, e insistir en la necesidad de legislar para ellas.

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Colegio de Procuradores de Madrid

Generada por la nueva realidad social, en la que existen familias compuestas por un matrimonio con hijos procedentes de anteriores cónyuges, la prioridad de abordar una legislación específica para ellas reunió a juristas y expertos en la sede de la Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía de la Comunidad de Madrid. Organizada por el Ilustre Colegio de Procuradores de Madrid, con el apoyo del Consejo General del Poder Judicial, puso sobre la mesa las dificultades de los menores en dicho entorno, y sus necesarias expectativas de derechos.  

Abrió la sesión Enrique Ruiz Escudero, viceconsejero de Presidencia y Justicia de la Comunidad de Madrid, quien consideró útil la iniciativa para empujar a las instituciones a responder a los cambios sociales con la misma velocidad que se producen, e insistió en la necesidad de “normalizar la diversidad de las nuevas familias en lugar de incluir a sus miembros en grupos vulnerables, porque la diversidad enriquece el conjunto”, aseguró. Conocer esta diversidad y su problemática asociada para acelerar las reformas legislativas necesarias era, precisamente, el objetivo de estas jornadas, como explicó el organizador del evento, el Decano del Colegio de Procuradores de Madrid Gabriel Mª de Diego Quevedo, “fruto de nuestra labor como procuradores, en contacto directo y al servicio de los ciudadanos”.

Participó también en la introducción el juez y vocal del Consejo General del Poder Judicial Fernando Grande Marlaska, destacando sobre todo la obligación de regular la situación del menor en “las nuevas familias polimórficas y trasnacionales, para que éste pueda construir su propia identidad. El actual concepto de familia ya no es unívoco, por lo que su regulación requiere no solo de juristas, sino también de la asesoría de especialistas procedentes de todas las ciencias humanas, para velar por el buen desarrollo del menor garantizando la protección de sus derechos”, dijo.  

La Delegada de Gobierno para la Violencia de Género Blanca Hernández Oliver fue la encargada de contextualizar el asunto del día, exponiendo el marco teórico sobre la concepción de la familia en la Constitución y en la Jurisprudencia Constitucional. Describió la familia española actual como “pequeña, cambiante y diversa, y su regulación tiene un carácter ético, ya que atiende a la protección de los más vulnerables, primando el interés comunitario sobre el personal, pero con un sentido personal frente a lo patrimonial. Es un orden jurídico que ha pasado de jerárquico a horizontal”, y que supone nuevos retos sobre otras problemáticas sociales, como la dependencia, la igualdad de la mujer, la discapacidad o “la violencia sobre la infancia, para lo que sería de gran ayuda que las estadísticas salieran a la luz, como ha ocurrido con la violencia contra la mujer”, destacó.

Moderada por el catedrático en Derecho Constitucional de la Universidad Rey Juan Carlos Enrique Arnaldo Alcubilla, en la mesa redonda se afrontó la consideración de la familia reconstituida como una familia en evolución, y no en crisis, tema planteado por la psicóloga y directora de la Escuela Europea de Transformación Emocional Sara Noheda, quien explicó que “aunque altera el cambio y supone la ruptura con la tradición, hay que considerar la transformación de la familia como un paso hacia el progreso. La familia actual es un espacio interactivo y multinfluenciado que, aunque amplía los procesos de identificación, no determina por sí mismo el desarrollo psicológico del menor. De cualquier forma, está reclamando su legitimación social y su correcta regulación legal”, concluyó.

Desde el punto de vista jurídico, la vicedecana del ICPM María Rocío Sampere Meneses, explicó que “la sociedad demanda un sistema en el que conviva la libertad de pacto y la necesaria protección de los menores. Para potenciar esa autorregulación se precisa escuchar a todos los interesados, sobre todo a los menores. Por ello es necesario implantar una mediación especializada y, cuando los conflictos se judicialicen, dotar a los Juzgados de equipos de apoyo que profundicen en cada caso“.  En esa línea, la magistrada del Juzgado de 1ª Instancia nº 79 Emelina Santana Páez habló de su experiencia directa con este tipo de familias “que acuden al juzgado por conflictos a los que, con la jurisprudencia actual, no podemos darle una correcta solución. Es cierto que hay preceptos que usamos para los más comunes, como la modificación de custodias, cambios en régimen de visitas o en la pensión alimenticia, prevaleciendo siempre el interés de los menores, a los que se debe mantener alejados del conflicto”, aseguró.

Por su parte, la fiscal del Juzgado de 1º Instancia nº 79 Carmen Marticorena Serrano advirtió que “la falta de regulación específica para nuevas familias está impidiendo su consolidación. En diez años casi se han duplicado, lo que no supone que la familia desaparezca; creo que seguirá siendo el núcleo celular de la sociedad, aunque asentándose sobre la parentalidad social en lugar de únicamente sobre los lazos biológicos. Por ello es necesaria una regulación propia, sobre todo para la figura del padre y madre no biológicos, para importantes aspectos como el ejercicio de la autoridad parental, la delegación de funciones, la guarda en caso de enfermedad o fallecimiento, o el derecho a visitas”, aseveró.

Cerró la sesión María Granizo Palomeque, procuradora y vocal 8º de la Junta de Gobierno del ICPM, quien en sus conclusiones insistió en “el deber que tienen los juristas a vivir la justicia a pie de calle y trabajar por y para el ciudadano. Debemos reconocer legalmente a la familia desde una perspectiva constitucional, como instituto natural cambiante, y velar por los derechos que tienen los menores en materia de sanidad, educación, o derecho a la herencia, para asegurar su bienestar económico y emocional”. Por último, destacó que “es necesario exigir la formación especializada de los profesionales en los nuevos tipos de relaciones, y fomentar una mediación familiar que logre soluciones más flexibles, creativas y tolerantes, y que hagan de la familia un lugar rico de intercambio, con roles menos enquistados”.

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