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Economía/Motor

El Pleno del Senado ratifica la suspensión de la norma sobre los concesionarios

El Pleno del Senado ha dado luz verde al proyecto de Ley de servicios de pago incluyendo una enmienda pactada entre PSOE, PP y CiU que deja sin efecto jurídico la norma sobre distribución de automóviles que desató el enfrentamiento entre fabricantes y concesionarios, pese a que está incluida en la Ley de Economía Sostenible, que entró en vigor hace dos semanas.
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Asimismo, todos los grupos han acordado añadir una disposición que corrige el texto aprobado en Comisión para precisar que la modificación relativa a los concesionarios se aplicará desde el día siguiente de la publicación de la Ley de servicios de pago en el Boletín Oficial del Estado (BOE), ya que el resto del articulado no será efectiva se aplicará hasta el 1 de julio.

De esta forma, será la próxima semana cuando el Pleno de Congreso de marzo, previsiblemente el jueves 31, ratifique definitivamente la nueva Ley y la enmienda, que ha sido redactada por el portavoz de Comercio de la Cámara Baja, Félix Larrosa.

Dicho texto contempla que la anterior norma sobre distribución de coches, que aplicaba el contrato de agencia a la relación entre marcas y distribuidores de coches y, entre otros puntos, obligaba a los fabricantes a recomprar a los concesionarios el 'stock' de vehículos en un plazo de 60 días, "no será aplicable y no tendrá efectos jurídicos".

Este cambio en la relación contractual entre marcas y distribuidoras había sido impulsado por CiU y el PNV y, aunque los nacionalistas vascos no han firmado la nueva enmienda para suspenderlo, la han apoyado en su tramitación parlamentaria por contar con el aval de los concesionarios, según indicaron a Europa Press en fuentes parlamentarias.

Este texto, establece que, en el plazo de seis meses, el Gobierno aprobará y remitirá a las Cortes un proyecto de Ley de Contratos de Distribución Comercial. No obstante, el ministro de Industria, Miguel Sebastián, se ha comprometido a llevar este anteproyecto al Consejo de Ministros antes de tres meses.

El texto añade que hasta la aprobación y entrada en vigor de la ley de contratos de distribución, el Gobierno presentará a las principales asociaciones del sector de automoción un código de buenas prácticas, en el que se contemple la constitución de un comité de seguimiento y resolución de conflictos.

El objetivo de la futura ley general de contratos de distribución será regular la relación entre concesionarios y fabricantes de forma equilibrada y sin menoscabo de los derechos de ninguna de las dos partes.

Asimismo, se pretende mejorar la transparencia en las relaciones empresariales en el sector, fomentando la competitividad, erradicando la aparición de conductas desleales en la contratación y coadyuvando a la mejora del sistema productivo y la creación de empleo.

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