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ANDALUCÍA

El Parlamento convalida el decreto de modificación de la Ley de Cajas con los únicos votos del PSOE

El Pleno apoya por unanimidad tramitarlo como proyecto de Ley
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El Pleno del Parlamento andaluz ha acordado la convalidación, con los únicos votos del PSOE-A, mientras que el PP-A se ha abstenido e IULV-CA se ha opuesto, del decreto-ley por el que se modifica la Ley de Cajas de Ahorro de Andalucía para adaptarla a la nueva Ley orgánica reguladora de las cajas de ahorro (Lorca), mientras que por unanimidad sí se ha acordado la tramitación como proyecto de Ley.

El consejero de Economía, Innovación y Ciencia, Antonio Ávila, ha expuesto ante el Pleno el contenido del decreto-ley y ha hecho un llamamiento al consenso entre los grupos durante su tramitación como proyecto de ley. El texto, según ha apuntando, busca fortalecer el sistema financiero y facilitar el flujo de crédito mediante la capitalización de las entidades y la profesionalización de su gestión y de sus órganos de gobierno.

Para reforzar la capitalización y facilitar el acceso a recursos financieros en iguales condiciones que el resto de las entidades de crédito, el decreto-ley regula las figuras de los Sistemas Institucionales de Protección (SIP); el ejercicio indirecto de la actividad financiera de las cajas a través de entidades bancarias, y la transformación en fundaciones de carácter especial que gestionan la obra social.

Estos tres modelos organizativos deberán acordarse por una mayoría reforzada de dos tercios en la Asamblea General. En el caso de las dos primeras opciones, la autorización corresponde a la persona titular de la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia, mientras que la tercera será autorizada por el Consejo de Gobierno.

La caja que se convierta en fundación de carácter especial estará bajo el protectorado de la Consejería, que tendrá derecho a designar un representante en su Patronato. Este órgano, integrado por un máximo de 20 miembros, deberá reflejar en su composición la misma proporcionalidad de grupos públicos y privados que figuraban en los órganos de gobierno de la caja transformada. Los representantes originarios podrán formar parte del primer Patronato de la nueva fundación y permanecer en el cargo por el tiempo que les reste hasta la finalización de sus mandatos.

Respecto a los porcentajes de representación de los diferentes grupos en los órganos de gobierno, las corporaciones municipales reducen su proporción del 22 por ciento al 15 por ciento, mientras que la Junta de Andalucía pasa del 15 al 12 por ciento.

Por el contrario, incrementa su peso (del 8 al 18 por ciento) el grupo englobado bajo la denominación 'Otras Organizaciones', en el que se incluyen los colectivos con representación en el Consejo Económico y Social de Andalucía (empresarios, sindicatos, economía social y consumidores, entre otros).

Por su parte, mantienen la misma representación los impositores (27 por ciento), los empleados (15 por ciento) y las entidades fundadoras (13 por ciento). No obstante, en el caso de que en este último grupo se incluyan también entidades privadas, su cuota participativa será del 18 por ciento, reduciéndose la representación de los impositores y del grupo 'Otras Organizaciones' al 25 por ciento y al 15 por ciento, respectivamente.

En cuanto al régimen de cuotas participativas en los órganos de gobierno, el Decreto-Ley introduce como principal novedad la concesión de derechos políticos a sus titulares. De este modo, los representantes de las administraciones públicas, impositores, empleados, entidades fundadoras y otras organizaciones podrán tener derecho a voto y a información de acuerdos.

Las incompatibilidades, recogidas en la legislación básica estatal, se refieren a la imposibilidad de simultanear las funciones en los órganos de gobierno con un cargo político electo o un alto cargo en la Administración pública. Para su cumplimiento se establece un plazo máximo legal de tres años.

RETRIBUCIONES

En relación con las retribuciones de los miembros de los órganos de gobierno, el Decreto-Ley prohíbe la percepción simultánea de dietas y sueldos. En el caso de la modalidad SIP y del ejercicio indirecto de la actividad a través de entidad bancaria, tampoco se permiten los sueldos o indemnizaciones dobles (una por la caja y otra por la entidad bancaria). Estas retribuciones, que deberán ser aprobadas por las asambleas generales de las cajas de acuerdo con criterios de austeridad, no podrán ser en ningún caso superiores a las fijadas para el Presidente de la Junta de Andalucía.

En consonancia con la legislación estatal, la norma prohíbe que se lleven a cabo renovaciones totales de los órganos de gobierno de las cajas tras la finalización de sus mandatos de seis años. Esta medida también se aplica en el caso de conclusión de los periodos transitorios de órganos de gobierno en procesos de fusión para la creación de nuevas entidades.

La nueva regulación de las cajas de ahorros se completa, entre otros aspectos, con la introducción del principio de presencia equilibrada de hombres y mujeres en los órganos de gobierno de las cajas, de acuerdo con lo previsto en la Ley para la Promoción de la Igualdad de Género en Andalucía.

POSICIÓN DE LOS GRUPOS

Por su parte, el diputado del PP-A Antonio Sanz ha lamentado que toda la actuación del Gobierno andaluz en los últimos meses haya ido de "fracaso en fracaso" porque no se ha alcanzado ni un solo objetivo en relación con el sistema financiero andaluz, que ha sufrido un evidente "debilitamiento y pérdida de peso".

Tras recalcar que la actitud del Gobierno ha sido de una "clara dejación de funciones", ha criticado que se plantee una modificación de la Ley de Cajas de Ahorro "sin diálogo" con el principal grupo de la oposición, cuando sí fue posible un acuerdo entre PSOE y PP a nivel nacional. Ha reconocido que mantuvo una reunión con el consejero, peo que no recibió "ni un papel". "Simplemente han dejado pasar el tiempo y no han querido nunca el consenso", ha indicado Sanz, para quien el Ejecutivo sólo sabe legislar por decreto ley y por urgencia.

A su juicio, la reforma de la ley que se plantea es "mala e intervencionista", al tiempo que no resuelve el problema de las cajas ni el acceso al crédito de las familias, autónomos y pymes. Para Sanz, si se quiere realmente apostar por la profesionalización en las cajas, se tiene que hacer ya y que con la adaptación de los estatutos "desaparezcan todos los políticos de las cajas".

El diputado de IULV-CA José Manuel Mariscal ha pedido la tramitación como proyecto de ley de este decreto para que los grupos puedan realizar sus aportaciones al texto, al tiempo que ha exigido el protagonismo de los poderes públicos en la generación de una banca pública, cuyo germen sean las cajas de ahorro.

Por su parte, el portavoz del grupo socialista, Mario Jiménez, se ha mostrado convencido de que esta reforma de la Ley de Cajas supone reforzar el sistema financiero andaluz y contribuir a que familias y empresas tengan acceso al crédito. Ha defendido la tramitación como proyecto de ley para garantizar un debate profundo y posibilitar así que el PP haga sus deberes y ponga de una vez sobre la mesa alguna medida.

Ha criticado el "cinismo y la hipocresía" de la oposición, por cuanto no ha sido capaz de poner ninguna propuesta sobre la mesa. PP e IU, según ha señalado, se han limitado a los "fuegos de artificios verbales" y ha criticado que sin conocer el contenido del decreto-ley ya lo calificaran de "intervencionista".

Jiménez ha lamentado que el PP se haya dedicado diez meses a "mentir y a hacer demagogia". En su opinión, es una posición "nihilista" y evidencia que los populares no quieren poner nada sobre la mesa que sea beneficiario para la comunidad.

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