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El Parlamento aprueba por unanimidad la ley foral para una muerte digna

El pleno del Parlamento de Navarra ha aprobado por unamidad la Ley Foral de derechos y garantías de la dignidad de la personas en el proceso final de la vida.
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La ley, iniciativa de Nafarroa Bai, tiene por objeto regular el ejercicio de los derechos de la persona durante el proceso final de vida, los deberes del personal sanitario que atiende a estos pacientes, así como las garantías que las instituciones sociosanitarias estarán obligadas a proporcionar en relación a este proceso.

La norma concreta una serie de instrumentos basados en el uso de la información clínica, el consentimiento informado, la toma de decisiones de la persona capaz y el documento de voluntades anticipadas.

Así, se regula el derecho del paciente a rechazar o paralizar cualquier tratamiento o intervención sanitaria, aunque ello pueda poner en peligro su vida. El médico será el encargado de velar por que dicha decisión, además de informada, se adopte de manera consciente y libre. El rechazo, en su caso, deberá constar por escrito o adoptarse a través de un testigo.

El fomento del documento de últimas voluntades constituye uno de los puntos centrales de esta iniciativa, se propone incorporar este testamento vital a la historia clínica informatizada, de modo que pueda ser consultado en cualquier momento por el personal sanitario de atención especializada y atención primaria.

La idea es que cualquier persona pueda hacer constar sus "deseos y preferencias" de tratamiento y "elegir" quién debe ser su "representante" por si, llegado el momento, no puede decidir por sí misma. Además, se propone la creación de comités de ética asistencial en atención primaria, un órgano asesor para casos de decisiones clínicas que planteen "conflictos éticos" y que hasta ahora sólo existe en los hospitales.

De cara a garantizar la calidad asistencial a todos los enfermos terminales, se ordena el "derecho a recibir cuidados paliativos integrales de calidad en el hospital o en el domicilio" particular. La ley incorpora el "acompañamiento familiar" y rehusa entrar a regular aspectos relacionados con la eutanasia.

En el debate en la sesión plenaria, el regionalista Javier Marcotegui ha mostrado su voto a favor al dictamen porque "se han obturado las grietas" por las que pudiera haber prácticas que no comparten y porque "no es un dictamen eutanásico, sino una ley de cuidados paliativas con la finalidad de mitigar el dolor de la persona al final de su vida".

Por NaBai, Ioseba Eceolaza ha dicho que con esta ley se trata de "proteger el ideal de la buena muerte" y ha valorado que, con esta norma, "Navarra se vuelva a colocar en la vanguardia". "Esta ley no hablaba de eutanasia, ni de acortar la vida, sino de cuidar a la persona", ha apuntado, y ha expuesto que "colocamos a la persona en el centro de la actividad clínica". "Con esta ley damos un paso", ha defendido Eceolaza, que ha manifestado que con esta ley se "da seguridad jurídica no sólo a las pacientes sino también a los profesionales sanitarios".

La socialista María Chivite ha abogado por el "menor sufrimiento" y el "mayor bienestar" de la persona a la hora de morir. "No se acorta el tiempo de vida", ha dicho, para indicar que esta ley no recoge una "brecha" que sí recogida en el texto inicial "cuando hablaba de retirar la hidratación y alimentación", ha dicho y ha señalado la parlamentaria que desde su grupo querían una "ley de cuidados paliativos".

Desde las filas de CDN, José Andrés Burguete ha valorado un "importante" trabajo de esta ley en comisión, en el que se han corregido algunas "disfunciones". "Estamos satisfechos del texto final" aunque no al cien por cien, ha dicho, para destacar que se "protege" a la persona en el proceso de la muerte. "Reconoce los derechos y dignidad de la persona en el proceso de la muerte, aunque se ha desaprovechado la oportunidad de reconocer derechos de los profesionales", ha apuntado.

La parlamentaria de IUN Ana Figueras ha defendido que "este debate debería llamarse asistencia ante la muerte" y ha señalado que "hay que desmitificar la muerte". "Se trata de garantizar el derecho a la vida, pero también el derecho a morir", ha indicado, para señalar que el debate "está en la calle".

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