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CATALUÑA

El Parlamento catalán aprueba que el TSJC resuelva los recursos de casación en derecho civil, en detrimento del TS

El Parlamento catalán ha aprobado una proposición de ley sobre el recurso de casación en materia de derecho civil en Cataluña para que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) sea quien resuelva este tipo de recursos y no el Tribunal Supremo (TS).

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Palacio de Justicia de Cataluña Palacio de Justicia de Cataluña

La proposición es la primera que sale adelante en la Cámara catalana a iniciativa de la oposición, después de que haya recibido el apoyo de todos los grupos a excepción del PP y la abstención de C's.

El recurso de casación es la vía prioritaria de acceso al TSJC, según la competencia de la Generalitat en este ámbito y en las especialidades procesales del derecho civil catalán.

La proposición aprobada pretende así que el TSJC pueda conocer en "última instancia" el recurso de casación contra las resoluciones en materia civil de las audiencias provinciales catalanas.

La norma persigue también que el tribunal disponga de criterios "propios y estables" para el uso de este recurso y atienda las situaciones que se puedan generar por la concurrencia de normativa estatal y catalana en un mismo asunto.

La diputada del PSC Agnès Pardell ha defendido el paso adelante que supone en la recuperación y consolidación del derecho civil de Cataluña y en el desarrollo del Estatut.

En la misma línea se ha pronunciado el diputado de ERC Pere Aragonès y el ecosocialista Salvador Milà, quien ha advertido de que el derecho civil catalán corría el riesgo de quedar "en las bibliotecas y poco vivo en la sociedad catalana".

Para la diputada de CiU Elena Ribera, esta disposición no es incompatible con la existencia de otros ordenamientos jurídicos civiles en el Estado, por lo que considera que "hoy es un buen día" para el derecho civil catalán.

Aunque SI ha votado a favor, el diputado Alfons López Tena ha recriminado que es un paso que sigue "el camino del medio que lleva al fracaso absoluto" y que lo necesario sería tener un derecho civil propio.

El rechazo a la iniciativa ha llegado de la mano de la diputada del PP Maria José García, quien considera que no aporta nada nuevo y que no se demuestra "suficientemente" su habilitación competencial.

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