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ANDALUCÍA

El Parlamento aprueba, con los únicos votos de PSOE, la reordenación del sector público, que rechaza PP e IU se abstiene

El Pleno del Parlamento andaluz ha aprobado, con los únicos votos del PSOE, la Ley de reordenación del sector público andaluz, que ha contado con el voto en contra del PP-A y la abstención de IULV-CA.

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Durante el debate final de la ley, el PP-A ha vuelto a defender las 42 enmiendas que planteó en su día, mientras que IULV-CA, a quien PSOE le aceptó 13 durante el trámite de comisión, también ha defendido sus 72 restantes. El grupo socialista no ha aceptado ninguna de ellas ante el Pleno.

En la exposición de motivos de la norma, compuesta por 36 artículos y varias disposiciones, se pone de manifiesto que el objetivo es mejorar la gestión y la calidad en la prestación de los distintos servicios públicos, mientras que se garantiza la salvaguarda de los derechos de los empleados públicos, reforzando la voluntariedad del proceso de integración.

Asimismo, queda garantizada la aplicación del Acuerdo de Condiciones de Trabajo del Personal Funcionario y la aplicación del convenio colectivo de la administración de la Junta al personal laboral de la misma hasta que, en su caso, exista un nuevo convenio. Además, se indica que se mantiene la condición de personal funcionario o laboral, con independencia de su integración en alguna de las nuevas agencias.

También se indica que queda reforzada la garantía de los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad para el acceso a la condición de personal funcionario o laboral de la administración general de la Junta. La racionalización del sector público pasa por la supresión de 111 entes instrumentales dependientes de la comunidad, lo que supondrá un ahorro económico estimado de 118 millones en el periodo 2010-2013.

El debate de la ley se produjo mientras unos 300 funcionarios y empleados públicos protestaban en la puerta del Parlamento andaluz en contra de la nueva norma.

Al término del debate, la consejera de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo, ha subido a la tribuna de oradores para agradecer a todos los grupos políticos "el intenso trabajo" que han realizado durante la tramitación de la ley, singularmente, al grupo socialista por su dedicación y por no haber "cejado en el empeño de conseguir el máximo consenso". Ha destacado además el papel de los agentes sociales durante la tramitación parlamentaria, con una participación inestimable, y teniendo la oportunidad de hacer aportaciones a la ley.

A partir de ahora, según ha expresado, Andalucía va a contar con un sector público más ágil, eficaz y eficiente que optimice al máximo los recursos. Se ha mostrado segura de que en ellos nos vamos a encontrar seguro ciudadanos, administración y empleados públicos, superando las "dificultades" en que se ha desarrollado este debate. Ha terminado dando las gracias a todos los empleados públicos, grupos políticos y organizaciones sociales que han contribuido a hacer una "ley mejor".

POSICIÓN DE LOS GRUPOS

El parlamentario del PSOE-A José Caballos ha defendido la legitimación del Gobierno y el Parlamento para aprobar esta norma, cumpliendo con un mandato del Estatuto de Autonomía, en beneficio del interés general de los ciudadanos, que debe estar por encima de intereses personales, gremiales o sindicales por legítimos que puedan ser. Ha puesto de manifiesto la posición "constructiva, inteligente y responsable" que han mantenido UGT y CC.OO en este debate, haciendo propuestas concretas para negociar y llegar a acuerdos y garantizar los derechos laborales de todos los trabajadores públicos. También ha puesto de manifiesto "la responsabilidad" de IU y ha lamentado la posición de sindicatos gremiales, que han estado en la "descalificación global", desaprovechando la oportunidad que el Parlamento les ha dado.

Según ha agregado, las 32 enmiendas del PSOE que han quedado incorporadas a la ley han perseguido "desmentir, negro sobre blanco, muchas falsedades, malas interpretaciones y juicios de intención" que el PP ha querido lanzar, tratando de hacer decir a la ley lo que no dice, con el único objetivo de "llegar al poder y arañar votos". El único objetivo de la ley, según ha recalcado, es conseguir un sector público más eficaz, ágil y austero, y se trata de prestar los mismos servicios al menor coste para el contribuyente. Después de ser aprobada la norma, según ha dicho, la gente se podrá manifestar por muchas cosas, pero no por privatización ni enchufismo ni por la pérdida de derechos de los empleados públicos porque nada de eso tiene cabida en esta norma.

José Caballos ha criticado la actitud que ha mantenido el PP en este debate, reprochándole que la mayoría de sus enmiendas fueran de supresión, lo que ha hecho imposible que fueran transaccionadas. Ha pedido a los populares, a los que ha calificado de "hipócritas y fariseos", que "basta ya de mentir" porque ningún trabajador de la Junta será despedido por esta ley ni nadie perderá ni ganará derechos. Asimismo, ha aconsejado al PP que incluya en el recurso que ha anunciado contra esta norma ante el Tribunal Constitucional la Ley sobre el sector público de Galicia, donde sí se "van a hacer funcionarios sin hacer oposiciones".

Por su parte, el parlamentario del PP-A Jorge Ramos Aznar, que ha iniciado su intervención aludiendo al "follón" que el PSOE-A ha montado con este asunto, ha expresado que la posición de su partido pasa por el fortalecimiento del carácter público de la administración; el reconocimiento del papel esencial del funcionario en una administración más moderna, eficaz, eficiente y austera, y por abordar la reforma del sector público con el más amplio consenso para garantizar unos servicios públicos de calidad y contar con una administración "neutra políticamente al servicio de los ciudadanos". "Esto lo hará el gobierno del cambio contando con todos", ha apuntando.

A su juicio, el PSOE ha impuesto este "decretazo mediante el ordeno y mando", al tiempo que le ha reprochado que no haya aceptado ni una de las 42 enmiendas del grupo popular, algo propio de la "prepotencia" con la que actúan los socialistas, que "no estaban dispuestos a dialogar nada porque les importaba un bledo el diálogo y el trámite parlamentario".

Para Ramos Aznar, el PSOE ha "mentido, intentando salvar la chapuza de decreto, cuando habla de garantizar los empleos públicos", ya que ha habido ejemplos de despidos en empresas públicas, como Inturjoven. También ha reprochado a los socialistas que hayan intentado "demonizar" al PP diciendo que persigue despedir a empleados públicos.

El diputado de IULV-CA Pedro Vaquero ha indicado que, pese a haber negociado con el PSOE, no han logrado un acuerdo fundamental basado, sobre todo, en el cambio del modelo, y que, por ello, su formación no se puede sentir corresponsable de lo que salga del Parlamento. Ha dicho que ofrecieron un modelo alternativo, "que entendíamos que era lo mejor para resolver un problema jurídico" y evitar no ya que la ley, sino que cualquier acto administrativo fuera susceptible de ir a los tribunales, "que es lo que puede deteriorar los servicios públicos".

Ha recordado que IU planteaba el modelo de Ley de agencia estatal de 2006, en el que se plantea un sólo modelo de agencia de carácter administrativo, susceptible con la integración de todo el personal. La nueva ley de reordenación del sector público andaluz, según ha dicho, no es una norma cualquiera, "sino que se ha convertido en una confrontación partidista por la hegemonía del Gobierno andaluz futuro".

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