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El Parlament rechaza la enmienda a la totalidad del PP a la Ley de la Buena Administración y el Buen Gobierno

Soler (PP) critica que la creación de la Oficina de Evaluación Pública será el ente de los "enchufados del Govern actual"
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El Parlament ha rechazado, con los votos del PSIB, Bloc y UM, la enmienda a la totalidad a la Ley de la Buena Administración y el Buen Gobierno, presentada por el PP, cuya diputada Catalina Soler ha considerado que esta normativa "no sirve para combatir la corrupción", sino para "hacer favores a gente conocida" por el Govern.

Durante su intervención, Soler ha criticado que esta Ley no recoge nada nuevo que no esté contemplado en otras normativas, por lo que la ha calificado de "irrelevante", dado que reconoce derechos que ya están establecidos en otras "normas básicas estatales", razón por la cual el PP "ha presentado enmiendas de supresión a la mitad de los artículos para evitar duplicidades".

Así, ha censurado que de los 65 artículos de la Ley, sólo tres se refieren a la transparencia en la gestión de las instituciones públicas, si bien ha estimado que "no aportan nada nuevo, debido a que lo que establecen ya está contemplado en la Ley de Contratos del Sector Público".

En esta línea, Soler ha reprobado que, "en lugar de facilitar la legislación actual, la complica", al tiempo que ha manifestado que lo única novedad de la normativa es la creación de la Oficina de Evaluación Pública, que, a su juicio, será el ente de los "enchufados del Govern actual", ya que "seguramente, se integrarán con facilidad en el mismo a quienes ya han trabajado en programas de obras y servicios para la Dirección General de Calidad".

"¿Si tan importante es esta ley, cómo es posible que no ha sido aprobada durante los últimos tres años de legislatura?", ha preguntado la parlamentaria 'popular', quien ha abogado por elaborar un "Plan de Calidad, tal como tienen todas las Comunidades Autónomas", con el fin de garantizar la transparencia en las administraciones públicas. Asimismo, ha añadido que este Plan debería ir encabezado con una declaración política de "compromiso con la calidad y la mejor administración".

Muy contraria ha sido la postura del conseller de Presidencia, Albert Moragues, quien ha defendido que esta Ley supondrá un "control riguroso" de la gestión en las instituciones, lo que, a su juicio, "permitirá recuperar la credibilidad de las mismas y de los políticos en un momento delicado respecto a la confianza de los ciudadanos".

"EVITAR PRÁCTICAS DE MALA GESTIÓN PÚBLICA"

Además, ha añadido que esta Ley responde a la "necesidad" de dotar a Baleares de infraestructuras de "integridad", con el fin de "evitar las prácticas de mala gestión pública". De este modo, ha estimado que la única manera de "superar los episodios" de corrupción que han marcado la vida de esta Comunidad Autónoma es "dotar a la actividad pública de la máxima transparencia", mediante una norma "actualizada" similar a la que existe a nivel estatal y europeo.

"La ciudadanía se merece unas instituciones con la máxima calidad posible y con el uso óptimo de los recursos, mientras que también se merecen una mejor revisión de las cuentas públicas", ha recalcado Moragues, al tiempo que ha resaltado que la citada Ley "no lucha contra nadie, sino a favor de la transparencia".

Así, ha dicho que "vale la pena luchar por esto", si bien ha reconocido que la normativa "sólo será buena si todos la apoyamos", motivo por el cual ha pedido al PP que se "incorpore" dando apoyo a la Ley.

En esta línea, ha advertido de que si se aprueban las 56 enmiendas parciales presentadas por el PP, la Ley quedará "en nada", al tiempo que ha manifestado que si esta formación considerase tan "irrelevante" la normativa, no plantearía "tantas enmiendas".

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