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Economía/Laboral

El PSOE saca adelante en el Congreso la reforma de las pensiones con el único apoyo de CiU

Caldera garantiza que la integración de las empleadas en el régimen general no supondrá una "carga excesiva" para los empleadores

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La Comisión de Trabajo e Inmigración del Congreso de los Diputados ha aprobado con competencia legislativa plena el dictamen del proyecto de ley de reforma de las pensiones con los votos a favor de PSOE, CiU y la abstención del PNV, mientras que PP, ERC-IU-ICV y BNG han votado en contra por su rechazo al retraso de la edad de jubilación hasta los 67.

El texto, que a partir de ahora debatirá el Senado, incorpora más de medio centenar de enmiendas pactadas principalmente entre PSOE y CiU, la mayoría en el trámite anterior de ponencia. Ambas formaciones suman mayoría absoluta en el Congreso, si bien las cosas son diferentes en la Cámara Alta, donde la suma de votos de PP, ERC, IU-ICV y BNG puede alterar sustancialmente el texto, pues los 'populares' son el grupo mayoritario.

Durante el debate, el PSOE ha introducido una nueva enmienda que refleja el acuerdo entre el Gobierno y los sindicatos para integrar desde el 1 de enero de 2012 a las empleadas de hogar en el régimen general de la Seguridad Social, si bien con un plazo de seis meses naturales de adaptación.

El ponente socialista, Jesús Caldera, ha asegurado a los periodistas que este proceso "no supondrá una carga excesiva" para los empleadores y permitirá una "adaptación razonable" a los costes de la cobertura.

Además, en la sesión de este lunes, se han introducido otras seis enmiendas fruto de la negociación con CiU, entre los que destaca una que permite que las viudas, que verán elevada la base reguladora de su pensión del 52% al 60%, no se vean perjudicada fiscalmente, así como otra modificación relativa al impulso a los seguros colectivos de dependencia que deberá asumir las empresas.

Otras de ellas establece que las ayudas a titulados académicos para subvencionar estancias de formación, prácticas, colaboración o especialización que impliquen tareas en régimen de prestación de servicios deberán establecer en todo caso la cotización a la Seguridad Social como contratos formativos, aunque no obligue a la contratación laboral.

Por otro lado, el Gobierno se compromete a probar en un año el desarrollo reglamentario de regulación de las hipotecas inversas y el seguro de dependencia y por la que se establece determinada norma tributaria, pendiente desde la reforma de la Ley Hipotecaria de 2007. El resto de enmiendas, confirman lo pactado la pasada semana entre PSOE y CiU durante la Ponencia.

EL PSOE APELA A LA RESPONSABILIDAD DEL PP.

La también socialista Isabel López i Chamosa ha llamado a la responsabilidad de todos los grupos, en especial el PP. Esta Ley no se merece un voto en contra de un grupo de la "oposición que aspire a gobernar", ha indicado dirigiéndose explícitamente al PP.

Durante el debate, ha defendido que el PSOE ha ofrecido ofertas de acuerdo a todos los grupos, lo cual muestra su "voluntad" de consenso y "unificar criterios" en sintonía con el espíritu del Pacto de Toledo.

El diputado de CiU Carles Campuzano ha remarcado la "coherencia" de su grupo desde 1995 ante los retos que suponen la reforma de las pensiones, que siempre han llegado con acuerdo de los agentes sociales, como ha sido este caso. "Por respeto al acuerdo tomado a finales de enero por CEOE, CC.OO. y UGT, mantendremos esta posición", ha incidido.

PNV NO SE CIERRA A NEGOCIAR.

Campuzano ha incidido en su apoyo al retraso de la edad de jubilación por motivos demográficos y ha asegurado que esto no afecta en ningún caso el carácter público de las pensiones. Además, ha defendido que sus enmiendas elevan la equidad y justicia del sistema, compensan reclamaciones históricas de las comunidades autónomas, mejoran la transparencia del sistema y apoyan reivindicaciones de los profesionales liberados y autónomos.

El portavoz del PNV, Emilio Olabarria, ha incidido en que el debate de una reforma con esta trascendencia pasará "sin pena ni gloria" por la Cámara Baja sin abocación a Pleno, y ha lamentado que las "carencias" del texto pactado entre PSOE y CiU permitan a los nacionalistas vascos a tomar una "posición más proactiva" sobre la reforma, si bien no ha cerrado la puerta a seguir negociando con el Gobierno.

PP AUGURA LA ENTRA INMEDIATA EN DÉFICIT DE LA SS.

El portavoz del PP, Tomás Burgos, ha asegurado que el Gobierno saca adelante de manera "unilateral" y gracias al "mercadillo" con los nacionalistas catalanes un proyecto "que baja las pensiones a los ciudadanos", y ha remarcado que el PP proponía una alternativa "no para recortar", sino para garantizar al sostenibilidad del sistema. "No hemos querido una reforma de titulares pero tampoco imprecisa", ha incidido.

En este sentido, ha recordado su apuesta por el retraso voluntario de la jubilación incentivado adecuadamente y consagrar como "derecho" la revalorización automática de las pensiones, para evitar otra 'congelación' como la de 2011. "Nuestras enmiendas no han sido tenidas en consideración", ha remarcado, augurando que su primer efecto será al "entrada inmediata en déficit del sistema".

LLAMAZARES HABLA DE HARAKIRI ANTE EL 15M.

Por parte de IU, Gaspar Llamazares, ha asegurado que el Congreso se hace el "harakiri" aprobando este "retroceso histórico" realizado "al servicio de los mercados en lugar del de los ciudadanos", a los que se ha ignorado en la decisión del retraso de le edad de jubilación, lo que explica las protestas del movimiento 15M, por lo que ha pedido a los grupos que sean "insumisos" y "paren una tramitación". Luego, el que al comparta, que la lleve en su programa electoral de las próximas elecciones generales.

Su compañero de grupo parlamentario y diputado de ERC, Joan Tardá, ha remarcado que se incremente las condiciones par ala "progresiva privatización" que supone el proyecto de Ley. "Si esta reforma si persigue alguna cosa es las clases populares", ha remarcado.

La portavoz del BNG, Olaia Fernández Dávila, ha calificado de "lamentable" que se amplíe la edad de jubilación y el periodo de cómputo de la pensión, que supondrá una pérdida de la pensión pública de hasta el 10%. A su juicio, la medida claramente está a favor de la inversión en fondos privados, dentro de un ataque "voraz" desatado por los mercados contra el Estado del Bienestar.

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