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GALICIA

Los votos del PP aprueban definitivamente la Ley de Patrimonio, en la que la oposición pedía más transparencia

El BNG reclama incluir las propiedades de entes instrumentales y el PSdeG cree que la Xunta provoca "un retroceso del interés público"
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El Parlamento de Galicia ha dado este martes su aprobación definitiva a la Ley de Patrimonio, con los votos a favor del PPdeG y la abstención de PSdeG y BNG, que reclamaron en el debate que la norma introduzca una mayor transparencia, permita un mejor acceso de los ciudadanos a la información y la creación de una web con el inventario de bienes y derechos de la Comunidad gallega.

Durante el debate en pleno del dictamen sobre la norma elaborado por la Comisión de Economía, Facenda e Orzamentos, la portavoz del PSdeG en esta materia, María José Caride, ha defendido que las enmiendas propuestas por su formación (fueron 38, de las que se admitieron dos y se transaccionó una) estaban dirigidas a dar más transparencia a la información que ofrece el Gobierno gallego, a buscar más eficiencia en la gestión del patrimonio y a hacerlo "más accesible" para la ciudadanía.

Además, ha afirmado, la intención de los socialistas fue que la norma --que actualiza la ley vigente en patrimonio, de año 1985-- "diera prevalencia a los intereses públicos sobre los privados", dado que, desde la entrada del PP en el Gobierno gallego, se ha producido "un claro retroceso del interés público". Entre las enmiendas que el PSdeG mantuvo, se ha referido a la que reclama que cualquier contrato o renovación de alquiler sea sometido a un estudio previo y a la que pide más control y una rebaja del límite de gasto para arrendamientos y adquisiciones de inmuebles.

La diputada socialista ha dicho no entender que todos los procedimientos para la compra de inmuebles se rijan por los principios de concurrencia, igualdad y publicidad, salvo en el caso de los que estén en el extranjero. También ha reclamado que el inventario general de bienes y derechos de la Xunta se haga público y sea remitido al Parlamento en un plazo de seis meses, así como la fijación de límites a las colaboraciones público-privadas y a las concesiones asociadas a las mismas, de hasta 20 años e "improrrogables".

Por su parte, el portavoz en materia de economía del BNG, Fernando Blanco, ha sostenido que también las enmiendas de los nacionalistas (fueron 24, de las cuales se aceptaron cuatro y se transaccionó una) buscaban dar "más transparencia" y que se haga "una radiografía lo más adecuada posible del patrimonio" de la administración gallega.

Por ello, ha pedido que se tengan en cuenta dentro del patrimonio de la Xunta los bienes que poseen los entes instrumentales. Asimismo, ha insistido en la pertinencia de crear una web institucional que recoja el patrimonio y que las operaciones que afecten al mismo sean difundidas por esa vía, con el fin de dar "mayor visibilidad".

A juicio de Blanco, la Xunta olvida, en la actualización de esta norma, la existencia de la sociedad de la información y el hecho de no aprobar sus enmiendas a este respecto hace que el Gobierno gallego vaya "en el camino contrario" a lo que propugna la Unión Europea.

"INSTRUMENTO MODERNIZADOR"

En su turno de intervención, el diputado del PPdeG Alberto Sueiro ha destacado que este texto será "un instrumento modernizador" para la gestión del patrimonio y ha manifestado su deseo de que la nueva norma "tenga tanta longevidad como la anterior". Así, ha argumentado que la mayoría de los rechazos a las enmiendas de la oposición se debieron a su "inadaptación al espíritu de la norma".

Sueiro ha afirmado que el inventario de los bienes de la Xunta se está elaborando y tendrá "un imprescindible carácter público". Además, ha destacado, en respuesta a las críticas de PSdeG y BNG, que la propuesta no tuvo enmiendas a la totalidad, lo que demuestra "un alto grado de aceptación". "No se puede mostrar tanto descontento cuando no se fue contra la totalidad del texto", ha contestado a la oposición.

Además, ha rechazado iniciativas del PSdeG para que los terrenos de plantas acuícolas sean de titularidad pública o para limitar el tiempo que un suelo industrial puede estar en manos de una empresa sin que se desarrolle el proyecto. "No son objeto de esta ley", ha zanjado. Por su parte, Caride ha atribuido la negativa a que los responsables de la Xunta y del PP "no quieren".

La socialista ha llamado a evitar casos como los registrados en Andalucía, en donde una piscifactoría pasó a tener proyectado un puerto deportivo y a impedir el lucro de los propietarios de terrenos industriales que adquieren el suelo pero no con la intención de hacer un proyecto.

CONSEJO CRTVG

Por otra parte, los diputados han votado para el nombramiento de un nuevo miembro del consejo de administración de la CRTVG, un puesto para el que ha sido elegido Xosé Manuel Mexuto --responsable de prensa del BNG--, con 74 votos a favor y uno en blanco.

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